Informe CINCO AÑOS DE PROCESO EUROMEDITERRÁNEO
La UE tolera la supervivencia de las oligarquías árabes y la brutalidad de Israel mientras sigan favoreciendo su proyecto de dominación económica regional
PROCESO
EUROMEDITERRÁNEO
REPARTIENDO FUNCIONES
Iñaki
Gutiérrez de Terán y Pedro Rojo
Arabistas
(Textos aparecido en 'Nación Árabe', núm 44, primavera 2001, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe)
Los teóricos de la globalización insisten en que estamos ante un proceso irreversible que difundirá la prosperidad económica y los valores democráticos. Años y años oyendo hablar de las excelencias del nuevo sistema y todavía no hemos visto que las naciones del llamado Tercer Mundo hayan experimentado desarrollo alguno. Al contrario, la pobreza sigue en aumento y el espíritu de libertad global parece más una entelequia que una hipótesis razonable. Con una estrategia que obliga a los demás a abrir mercados y amoldar identidades mientras él mantiene sus cuotas de proteccionismo sobre su propio mercado y su propia identidad, Occidente ha conseguido hacer de la globalización un consecuente natural de una corriente más cercana al neocolonialismo que a la redención sincera de la pobreza mundial. En la plasmación mediterránea del proyecto, la Unión Europea (UE) ha sabido aprovecharse de la situación de dependencia económica de los países ribereños respecto de Bruselas y de las transformaciones habidas en el Mundo Árabe tras la Guerra del Golfo para imponer un modelo ventajoso para sus intereses y nocivo para las gentes de una región que deben soportar, además del marasmo económico, la opresión de las libertades a manos de unos gobiernos arropados por las instituciones financieras occidentales. Éstas, con la excusa de amparar las reformas económicas, fortalecen a estos regímenes y los protegen contra el desencanto de sus propios pueblos. Sin embargo, sin salir del Mediterráneo, la situación ventajosa de Israel permite definir uno de los fundamentos de la globalización: el reparto de funciones según un guión predeterminado .
Los resultados
de las políticas neoliberales llevadas a cabo por numerosos países
de la ribera mediterránea meridional, reforzadas tras la Conferencia
de Barcelona (1995), ponen en duda no sólo la conveniencia de las
mismas sino también los objetivos reales que las animaron. A la
vista de su ineficacia para paliar los conflictos radicales de las sociedades
mediterráneas, en especial las árabes, desde el paro a los
índices de bienestar social, los grandes teóricos de la
globalización con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM) y las instituciones financieras europeas y norteamericanas
al frente, insisten en que, de todos modos, el proceso es irrevocable
y que el quid reside en una aplicación incorrecta de las medidas
recetadas. Más aún, a decir de los análisis al uso
sobre el asunto, la situación de estos países sería
mucho peor de no haberse seguido este camino. Dejando a un lado el hecho
de que el guión del libre mercado basado en la abolición
de los aranceles y la privatización haya podido llevarse a cabo
de manera un tanto peculiar en algunos países, debe señalarse
que las consecuencias derivadas de los planes liberalizadores eran previsibles
por dos razones: una, por la misma idiosincrasia de las elites políticas
locales encargadas de aplicar las medidas; dos, -y más importante
todavía- por el contenido explícito e implícito de
los programas en sus plasmaciones externas, es decir, en lo que se refiere
a las relaciones con los países-grupos económicos promotores
del proceso globalizador.
Por lo que hace a lo primero, han sido las mismas elites que presidieron
el "viejo régimen económico" las que han tomado
las riendas de la nueva estrategia. Esto se puede apreciar con nitidez
en los Estados magrebíes de Argelia, Túnez o Marruecos,
donde son los círculos oligárquicos tradicionales cercanos
al ejército, las grandes familias y, en el caso exclusivo del tercero,
la monarquía, los que siguen ejerciendo un control directo, más
allá de las supuestas operaciones de renovación gubernamental
con membretes de alternancia y transparencia. Marruecos aporta, quizás,
un caso paradigmático en este punto, ya que fue el mismo Hasan
II quien alentó y contribuyó a diseñar el programa
de ajuste estructural de 1983 que contó con la aportación
financiera y el asesoramiento del FMI y el BM. Algo parecido puede decirse,
en otro ámbito, de Siria, la cual está iniciando en la actualidad
un programa de reconversión económica que lleva camino de
seguir la senda de los países del Magreb sin que ello afecte a
la continuidad del núcleo duro político. Esta circunstancia
contrasta con los cambios radicales habidos en países del Este
europeo, donde la inversión de las estrategias económicas
ha venido acompañada de alteraciones sustanciales en la composición
del grupo dirigente.
Aun cuando los análisis occidentales tienden a hacer de la liberalización
política un corolario lógico de la económica, la
realidad ha demostrado la inconsistencia del argumento. La implantación
de la globalización no ha servido para globalizar los derechos
humanos y las libertades individuales y colectivas. Desde el punto de
vista de las instituciones financieras occidentales, la falta de resultados
rotundos -allende las grandes cifras macroeconómicas- se centra
en el comportamiento de parte de estas elites y su incapacidad para aplicar
plenamente los fundamentos de la liberalización. De este modo,
surgen obstáculos concretos como la renuencia de los sectores dominantes
a compartir de verdad el control de las empresas privatizadas con los
inversores extranjeros o las trabas burocráticas y proteccionistas
que, a pesar de las reformas aplicadas, subsisten y dan pie a amonestaciones
por parte del FMI y el BM. Ahora bien, desde una óptica bien distinta,
no parece que las dificultades con las que deben lidiar los procesos aperturistas
de los países en cuestión dependan tanto de una aplicación
incorrecta o incompleta -la pervivencia de la tendencia estatalista, por
ejemplo- como de la inconsistencia de los mismos presupuestos que la animan
.
Irregularidades e incongruencias del proceso
Las incongruencias
internas de los programas liberalizadores son perceptibles al contrastar
éstos con el curso general de la globalización y, en concreto,
con la relación establecida entre determinados Estados mediterráneos
y la UE. Como quiera que los procesos aperturistas han contado con la
colaboración y dirección eminente de la UE, es a la luz
de los vínculos establecidos por los países ribereños
con Bruselas como podemos analizar la incorporación de la zona
a la globalización.
Los ejes fundamentales de los programas de ajuste, tal y como han sido
aplicados, por ejemplo, en Marruecos y Túnez antes de que firmasen
sus acuerdos de asociación con la UE, son los habituales: eliminación
de la subvención a los productos básicos, reforma del sector
bancario, liberalización de las importaciones y reducción
de los aranceles, privatización del sector público, renuncia
a las tasas proteccionistas en beneficio de los productos locales, atracción
de la inversión extranjera, etc. Los resultados de tales medidas
en cuanto a la reducción de la inflación, el déficit
público, la deuda y el servicio de la deuda llaman la atención
si se toman como magnitudes aisladas . No obstante, la comparación
con una serie de datos económicos y sociales como los índices
de poder adquisitivo y pobreza que afectan al conjunto de la población
revela el calado real de las reformas, ya sea en Túnez, Marruecos
u otros países de la región como Egipto . De hecho, y a
pesar de las alabanzas vertidas por el FMI hacia los dos Estados magrebíes
("los dragones emergentes del Norte de África"), la depauperación
y la degradación de las condiciones laborales no han remitido,
precisamente, con los proyectos neoliberales. Los indicadores sociales,
mucho más palpables para el ciudadano de a pie que las magnitudes
macroeconómicas, son contundentes, aunque quizás sólo
bastaría tomar en consideración el fenómeno desbordado
de las pateras en Marruecos y el paro real de Túnez para dudar
de la "satisfacción general" de la UE respecto del curso
de las reformas .
A consecuencia de lo anterior, la cuenca meridional y oriental del Mediterráneo
ha padecido no pocas convulsiones sociales, reflejadas en el incremento
del sustento popular a las formaciones islamistas contestatarias o en
"revueltas del pan" como las habidas en Marruecos, Argelia y
Jordania en los ochenta y noventa en protesta por la supresión
de la subvención estatal a los productos básicos y otros
efectos de las reformas. Sin embargo, las directrices liberalizadoras
se han mantenido y cabe suponer que la incapacidad de los países
mediterráneos para conjurar los principales problemas sociales
se debe tanto a una incorrecta lectura de los problemas reales del país
como a una incorporación subordinada y desequilibrada a la gran
corriente globalizadora. O, en otras palabras, que al contrario de los
grandes objetivos fijados en Barcelona 95, el proceso de colaboración
euromediterránea no ha conseguido el "desarrollo económico
y social sostenible y equilibrado" ni ha luchado "contra la
pobreza" ni tampoco ha logrado la "reducción de las disparidades
de desarrollo en la región mediterránea" .
Desde un ámbito exclusivamente europeo, los presupuestos del proceso
de Barcelona se ha visto entorpecidos por las disfunciones internas de
la UE. La intrincada madeja burocrática de Bruselas, la incapacidad
de la Comisión Europea para hallar las vías de aplicación
pertinentes y las controversias internas no han facilitado la plasmación
de los acuerdos económicos adoptados con los países mediterráneos.
De este modo, se estima que sólo un cuarto de la ayuda económica
estipulada en los MEDA entre 1996 y 1999 ha llegado a sus destinatarios,
lo que dificulta a su vez la cristalización de un consenso definitivo
sobre el plan Meda 2 para el periodo 2000-2006. A esto se le une el notable
descenso de entusiasmo que ha experimentado la singladura euromediterránea
en el seno mismo de la Unión desde Barcelona hasta hoy. Si alguien
duda de la validez de este aserto, que repare en la aparente desmotivación
con la que Francia, una de los impulsoras del proyecto, acogió
la reciente conferencia de Marsella y la escasa trascendencia informativa
reservada a esa reunión en los medios de comunicación occidentales.
Luego, tenemos la contrastada inercia de la UE hacia los países
del Este europeo y el empeño de Bruselas por acelerar y motivar
su cooperación particular con ellos, tal y como se ha demostrado
en la última conferencia europea de Niza al aprobarse cuantiosas
ayudas económicas en su beneficio.
Cinco años después del inicio de un proceso que ha implicado
a doce países del Mediterráneo (ocho de ellos árabes),
la potenciación de los sectores productivos locales brilla por
su ausencia. Al contrario, el cierre de fábricas y pequeñas
empresas ha sido una constante durante este periodo, a lo que debe unirse
la pérdida de puestos de trabajo por la privatización del
sector público. En algunos países que también han
probado los "dolorosos pero inevitables" purgantes del FMI y
la cooperación económica con la UE, como Argelia, el índice
de paro se sitúa ya en el 30% y se estima que uno de cada dos habitantes
está en el umbral de la pobreza; en Jordania, por citar otro ejemplo,
el desempleo llega al 27% y el cincuenta por ciento de la población
tiene un ingreso mensual de menos de cien dólares.
Además, la supresión de los aranceles aduaneros que protegían
las mercancías locales no se ha visto compensada por la ayuda exterior
europea ni tampoco por un sistema de tributación equilibrado, y
las importaciones han aumentado de forma notable. (Un dato elocuente:
el déficit comercial de los doce sin contar los Territorios Palestinos
con la UE llegaba en 1992 a 12.102 millones de dólares; en 1998
ascendía ya a 29.080 millones dólares.) En los países
inmersos en la tendencia liberalista, se han utilizado los réditos
derivados de las privatizaciones y la adopción de instrumentos
financieros atractivos para la inversión de cartera y los capitales
especulativos de corto plazo para financiar los déficit comerciales.
Pero se trata de una solución que sólo puede ser temporal
y que acentúa la vulnerabilidad del mercado local, extremadamente
sensible a las fluctuaciones de la globalización .
Al mismo tiempo, las inversiones europeas directas no han llegado con
la fluidez que era de desear y, en muchos casos, la privatización
de empresas locales se ha realizado en beneficio de compañías
europeas interesadas en favorecerse de sectores seguros medianamente productivos
y reacias a arriesgar en otros campos más inciertos pero, quizás,
de un desarrollo más sostenido a medio y largo plazo. De este modo,
se tiende a concentrar la actividad de la producción y el gigantismo
de unos sectores en perjuicio de otros, además de coartar las posibilidades
de desarrollo de una actividad productiva propia.
Escasa diversificación de exportaciones
Con lo anterior
está relacionado, precisamente, otro de las grandes taras comerciales
de los países mediterráneos: la escasa diversificación
de sus exportaciones. Al no producirse la inversión en sectores
de desarrollo potencial, el país carece de la capacidad necesaria
para hallar nuevas vías de exportación. En realidad, buena
parte de los proyectos de desarrollo llevados a cabo en los Estados ribereños
tienen como objetivo el sector turístico y la producción
de mercancías y bienes que serán consumidos in situ y no
formarán parte de las exportaciones. O, también, se trata
de explotaciones en ámbitos prometedores pero de escasa incidencia
en la infraestructura industrial del país, como es el caso de los
teléfonos móviles, con el agravante además de que
los réditos derivados de concesión de licencias a las empresas
extranjeras han ido a parar a las arcas estatales sin que se haya apreciado
una reinversión en servicios sociales . Únase a lo anterior
el hecho de que los productos agrícolas, que a principios de los
noventa aportaban, según los países, del 10 al 20e por ciento
del PIB, quedaron eximidos de los acuerdos de asociación . Es decir,
se cerraba el ámbito donde mayores prestaciones de competitividad
podían dar los productos del Mediterráneo frente a sus iguales
europeos. El ejemplo de Túnez, en el acuerdo de asociación
firmado el 17 de julio de 1995 resulta esclarecedor: "Los derechos
de aduana y los impuestos de efecto equivalente se suprimen para el 66%
de las importaciones de productos industriales de la UE durante un período
de cinco años". Una medida similar se contempla para los productos
industriales tunecinos; sin embargo, para los agrícolas se hace
alusión al compromiso de ambas partes de conseguir paulatinamente
"una mayor liberalización de sus intercambios recíprocos
y prosiguen asimismo, en el marco de la cooperación, la diversificación
agrícola de Túnez", mientras que "ciertos productos
textiles" -el otro sector destacable de la exportación tunecina-
seguirían sujetos a restricciones sujetas a un "Reglamento
aparte que no forma parte del acuerdo" . Si se tiene en cuenta que
las exportaciones textiles de Túnez y Marruecos representan en
torno a un 40% y un 20% del total respectivamente (con 123.700 empleados
en la primera y 187.900 en el segundo según datos de 1996 ), podrá
comprenderse el efecto de la medida.
O sea, que los acuerdos de colaboración económica, tendentes
a que las otras partes levanten los aranceles y derechos de aduana decretados
para defender a la débil industria local frente al empuje de las
importaciones europeas, conceden a la UE el derecho a establecer medidas
pertinentes para proteger los sectores expuestos a la competencia mediterránea.
Por supuesto, los legisladores europeos eran plenamente conscientes de
las consecuencias derivadas de la exención de aranceles en los
países mediterráneos. En el caso de Turquía y su
unión aduanera con la UE, que entró en vigor en 1996, los
documentos reconocen la conveniencia de "desbloquear importantes
ayudas para superar el impacto económico" de una unión
que "será ventajosa en primer lugar para la UE" entre
otras cosas porque los productos agrícolas seguían sufriendo
restricciones y se impedía la libre circulación de trabajadores
turcos hacia Europa . Aquí reside una de las paradojas más
llamativas de la corriente globalizadora: al igual que Estados Unidos
con ciertos mercados no desarrollados, la UE protege sus sectores más
sensibles al tiempo que proclama la necesidad de la liberalización
y la demolición de las trabas arancelarias. Esta contradicción
no sólo la han detectado los detractores recalcitrantes del neoliberalismo
económico: a tenor de recientes estimaciones del BM, en su informe
de fin de año sobre el futuro de la economía mundial, las
restricciones impuestas por los países desarrollados a las exportaciones
agrícolas, textiles y de otro tipo provenientes de los países
no desarrollados suponen al año unos 100.000 millones de dólares,
es decir, el doble de las ayudas que esos países reciben en el
mismo periodo de tiempo. Y a continuación, el propio BM critica
la actitud de las naciones ricas, que imponen fuera lo que ellas rehúsan
para sí mismas .
Un flujo migratorio estructural
Aunque las
contradicciones del nuevo mercado no terminan aquí. Las teorías
de colaboración Norte-Sur contemplan la supresión de barreras
para los bienes manufacturados pero no para los individuos y la mano de
obra. Los recelos de los países industrializados frente a la amenaza
de la invasión del lumpen periférico sólo son conjurados
con falsos compromisos de potenciar el desarrollo y el bienestar en los
países de origen. Esto difícilmente entra dentro de lo que
de verdad se desea hacer, ya que la inversión de ingentes cantidades
de recursos materiales y humanos para fomentar la aparición de
mercados paralelos restringirían el predominio de las mercancías
europeas, una vez que se ha demostrado ya la falacia de las teorías
neoliberales que sostienen que el desarrollo de los mercados periféricos
hasta límites de competencia aceptable con los centrales redundará
en beneficio de la economía mundial en su conjunto y en el fortalecimiento
del sistema (si todos tienen una capacidad productiva similar y, en numerosas
parcelas, autosuficiente, ¿dónde están los mercados
que absorban la producción exterior?).
Pero, también, el enunciado es de por sí incompleto, puesto
que de lo que se trata es de regular el flujo de inmigrantes según
los intereses de los países receptores. De hecho, los ministros
de Interior y Justicia de la Unión estudiaron en julio pasado una
propuesta para acoger a 75 millones de trabajadores extranjeros durante
los cincuenta años próximos. Más aún, el mismo
crecimiento sostenido de la población depende, máxime en
países de natalidad paupérrima como España, de la
afluencia de emigrantes. Por lo tanto, no interesa una avalancha de inmigrantes
en busca de trabajo pero tampoco una situación de desarrollo económico
tal que permita a los países exportadores de trabajadores ofrecer
una oferta de empleo local acorde con la demanda.
Por lo que se refiere a la otra parte, la cuestión de la emigración
no tiene una importancia menor. Un país como Marruecos, con cerca
de dos millones de trabajadores en el exterior (la mayor parte en la UE),
precisa del dinero que éstos puedan enviar (por lo general, una
parte sustanciosa del salario) para paliar las carencias de numerosas
familias marroquíes. Los envíos de los emigrantes superaron
durante los ocho primeros meses de 2000 los ingresos por turismo (14.780
mil millones de dírhames frente a 14.750 mil millones). Rabat creó
hace ya años un ministerio especial para supervisar las relaciones
con la comunidad marroquí del exterior, lo que ayuda a comprender
la especial atención prestada por los representantes del país
a este asunto en sus visitas a territorio europeo y la fragilidad de los
países ribereños frente a las presiones europeas en las
relaciones bilaterales y, más en concreto, en este punto.
El laberinto de la deuda externa
A la falta
de competitividad de los escasos productos industriales de los países
mediterráneos y las trabas impuestas a sus sectores más
capaces se une el laberinto de la deuda. Entre 1990 y 1996, el total de
la deuda exterior de trece países árabes ha pasado de 140,698
mil millones de dólares a 156,922 . Hoy, a decir de diversas instituciones
financieras y bancarias árabes, la deuda total de los países
árabes (sin contar Iraq y sus 120 mil millones de dólares
rehenes del embargo) asciende, conforme a análisis muy optimistas
del director general del Fondo Monetario Árabe, a 375 mil millones
de dólares, 156 mil millones de deuda externa y 219 de interna,
esto es, el 41% del PIB.
Centrándonos en los Estados árabes del Mediterráneo
que mantienen vínculos más o menos vigorosos con la UE,
las cifras son relevantes: 23,5 mil millones de dólares en Líbano
(140 del PIB), 11,3 mil millones en Túnez (56%), 28 mil millones
en Argelia (60%), 68,2 en Egipto (75%) o los treinta mil millones de Marruecos
. Si a esto añadimos el servicio de la deuda (unos 8,758 mil millones
de dólares para los países del Magreb y 20 para Líbano,
Siria, Iraq y Jordania), tendremos el círculo vicioso: para pagar
la deuda y el servicio de la misma se precisa dedicar buena parte de los
recursos propios a afrontar estos gastos, con lo que hay que solicitar
más préstamos para pagar las importaciones. A partir de
ahí se agudiza la dependencia de los países deudores respecto
de las instituciones donantes, que pueden imponer sus condiciones -planes
de ajuste, la activación de las privatizaciones (como ocurriera
en diciembre con Turquía y el préstamo del FMI por valor
de 7500 millones dólares), etc.- para conceder los fondos, al tiempo
que disminuyen las reservas de divisas con el consiguiente retroceso del
valor de las monedas nacionales. Pero por encima de todo, el continuo
trasiego de fondos y recursos para afrontar los gastos de los préstamos
externos y sus intereses afecta negativamente al valor adquisitivo de
los salarios frente al aumento de precios.
La tragedia del endeudamiento en los países en vías de desarrollo
llega a extremos lacerantes en las economías centradas en la exportación
petrolífera. En Argelia, donde el crudo aporta el 95% de los ingresos
de divisas, los réditos de la subida de los precios han permitido
durante los diez primeros meses de 2000 un incremento espectacular del
superávit comercial del 342% con respecto al mismo periodo de 1999;
no obstante, la mayor parte de esos beneficios no llegan a convertirse
en inversiones para desarrollar las infraestructuras locales y, por supuesto,
no contribuyen a paliar los graves problemas sociales del país.
Así las cosas, un país como Argelia tendría que doblar
su crecimiento económico actual, del 3,8%, para reducir el paro.
Algo parecido cabría decir, en otro contexto, de Arabia Saudí,
inmersa en una crisis de grandes dimensiones y presa de un extraño
conjuro que impide al ciudadano corriente percibir de modo tangible los
dividendos del aumento del crudo, dividendos incapaces -o así parece
al menos- de contener el empuje de los trescientos mil millones de dólares
de deuda externa e interna. Si uno puede preguntarse con toda legitimidad
dónde diablos acaban los ingresos de naciones productoras de petróleo
como Arabia Saudí, con un 25% de las reservas mundiales, o Argelia,
con una producción actual que ronda los 900 mil barriles diarios
y se desea ascienda a 1,4 millones en 2004, una pregunta similar debería
hacerse en torno el destino de las pingües operaciones de privatización
efectuadas en ciertos países mediterráneos.
Control económico, control político
En este último
punto, hay que reparar en la función de las oligarquías
políticas y económicas locales. El contraste entre el avance
de los programas económicos liberalizadores y el estancamiento
del proceso democratizador confirma que el interés principal de
la UE y, también, Estados Unidos, es asegurar la presencia de una
elite local que controle el poder con firmeza y vele por los intereses
occidentales por encima de cualquier otra consideración. El fin
de la Guerra del Golfo y la puesta en marcha del proceso de paz pusieron
sobre el tapete la necesidad de garantizar un ambiente de controlada tranquilidad
para garantizar el éxito de la globalización. También,
el ascenso de los movimientos islamistas hizo buscar fórmulas concretas
para apuntalar unos regímenes fieles pero conculcadores de los
valores democráticos. La postura europea general cuando la anulación
del resultado de las elecciones legislativas argelinas en 1991 resultó
tan contradictoria como clarificadora: para salvar la democracia había
que acabar con la democracia y mantener a los representantes del régimen
tradicional para evitar un "mal mayor". A la vista de la guerra
civil desatada en el país tras aquella decisión se debería
reflexionar sobre las consecuencias del "mal menor" representado
por el FLN y los militares...
Visto desde una perspectiva crítica, puede decirse que el proceso
de Barcelona no pretendía potenciar desarrollo sostenido alguno
sino que perseguía tres aspiraciones básicas: mantener la
estabilidad política en la zona, controlar el flujo emigrador y
consagrar su relación comercial ventajosa. De este modo, el sistema
de poder en la mayor parte de estos países cumple con una función
de intermediario entre Europa y los intereses de ésta. A pesar
de las proclamas en defensa de los derechos humanos y la democracia, Bruselas
no ha tomado medidas contundentes para obligar a los países adscritos
al proceso a cumplir sus obligaciones en la materia. Bien es cierto que
determinadas instancias europeas han puesto pegas al expediente de algunos
estados en materia de derechos humanos. No obstante, estos peros nunca
han llevado a aplicar con pulcritud los presupuestos de lo firmado en
Barcelona, puesto que no han pasado de ser en muchos casos tirones de
oreja testimoniales. El caso de Túnez y otros países del
Magreb, tenido como un ejemplo de colaboración euromediterránea
en el apartado económico, refleja con nitidez la hipocresía
europea . El de Marruecos resulta igualmente revelador con el agravante
de que la propaganda europea trata de presentar al actual monarca alawí
como el garante de los valores democráticos en su condición
de protagonista genuino de la regeneración modernizadora frente
a unas fuerzas políticas desunidas, enfrascadas en sus porfías
internas y exentas de legitimidad popular. Sin embargo, la apertura en
materia de libertad de expresión no ha alcanzado a la figura del
rey y la monarquía, que siguen constituyendo asuntos inabordables.
Si no se puede hablar de un rey y su círculo de influencia que
son el origen de la corrupción, la malversación y la venta
en almoneda de los intereses nacionales ¿de qué se puede
hablar? Algo similar puede comprobarse en Siria tras el encumbramiento
de Bashar al-Asad al poder. Por otro lado, la coincidencia de intereses
entre la implantación económica europea y el fortalecimiento
de las elites locales produce una extraña connivencia para no tratar
determinadas cuestiones sensibles. Como quiera que, a pesar de los planes
liberalizadores, el Estado sigue manteniendo toda la capacidad para castigar
las empresas e intereses de aquellos medios de comunicación que
le incomodan, se establece un mecanismo de censura que permite a aquéllas
disfrutar de una imagen favorable a cambio de cumplir su misión
como regímenes garantes de las prioridades externas y no de las
de sus conciudadanos. Una función, en definitiva, de sátrapas
regionales.
En conclusión, el grupo local dominante se convierte en imprescindible
para mantener los intereses vitales de occidente, entre los que se deben
contar los programas liberalizadores y los procesos de privatización.
Por ello, y porque las medidas integradas en este último gran objetivo
pueden resultar impopulares, hay que aportar los medios necesarios para
proteger a aquellos dirigentes que emprenden estas reformas "ineluctablemente
necesarias" (pero, ¿necesarias por qué y para quién?).
Unas veces se trata del silenciamiento de los excesos cometidos por el
poder local frente a los manifestantes y activistas políticos;
otras, de la concesión de ayudas militares y, en lo que respecta
a las instituciones financieras, de facilidades para renegociar la deuda
y solicitar préstamos extraordinarios.
Por si la dependencia comercial y económica de los países
mediterráneos (la UE es su primer comprador y vendedor) no fuera
suficiente, los préstamos del FMI, las ayudas al desarrollo y las
inversiones directas constituyen un mecanismo de presión directa
sobre las clases dirigentes intermediarias, que se ven obligadas a aceptar
las recomendaciones o imposiciones externas para mantener su situación
privilegiada. Por ejemplo: en momentos de crisis, se presiona al país
para que vaya más allá en las medidas adoptadas. Por lo
general, suele tratarse de recomendaciones concernientes a la eliminación
completa de aranceles, la devaluación de la moneda y la privatización
de los sectores que aún no habían abierto sus puertas al
capital foráneo. Así, puede que se produzca un aumento espectacular
en las exportaciones y la imagen en el exterior de una economía
en desarrollo; sin embargo, todo ello se realiza a costa del mercado interior
y la pérdida del valor adquisitivo de los trabajadores. En otras
palabras, se aumenta la competitividad internacional de los productos
gracias a los bajos costes de producción y los salarios que no
crecen. Encima, el Estado carece de recursos propios para reforzar los
servicios sociales debido a la reducción de cargas fiscales. Y
se fomenta la dependencia de la economía del país en cuestión
respecto de la corriente globalizadora general a partir de presupuestos
inconsistentes que pueden provocar una nueva crisis de consecuencias difíciles
de calcular. Y así se entra en otro círculo vicioso de convulsiones
internas y presiones externas para ahondar en el proceso liberalizador...
Luego, está la amenaza de las campañas mediáticas
a gran escala y la pervivencia de la lógica preventiva militar.
Coincidiendo con la visita de Mohammed VI a España en septiembre
pasado, contingentes militares de doce países europeos y EEUU participaron
en unas maniobras aeronavales (Válvula 2000) en el Estrecho de
Gibraltar con el plan de acción siguiente: se trataba de acudir
en ayuda de un estado mediterráneo que se ve inmerso en un conflicto
bélico con un país vecino que había invadido un enclave
perteneciente a aquél pero reclamado desde hacía tiempo
por éste. Las maniobras terminan con un desembarco coordinado en
el enclave en cuestión, que retorna a la soberanía del primer
estado. Por supuesto, la celebración de unos ejercicios militares
de esta envergadura para responder a una hipotética agresión
marroquí sobre Ceuta y Melilla, justo cuando el rey marroquí
se hallaba en Madrid, no podía deberse a la mera casualidad. Se
trataba, lo mismo que con la presencia permanente de las Euroforce en
la zona, de recordar el verdadero alcance de la relación establecida
entre occidente/eje de la globalización, y las oligarquías
periféricas.
Israel y los círculos de la globalización
En contraste
con lo que estipulan los convenios firmados por Bruselas con numerosos
países mediterráneos, Israel disfruta de otro rango. Los
vínculos de Israel con la UE preceden, al igual que los otros estados
mediterráneos, la conferencia de Barcelona. Sin embargo, el acuerdo
euromediterráneo de asociación de 1995 contiene una serie
de elementos que definen el papel de Tel. Aviv en el nuevo escenario de
"cooperación regional" surgido tras la conferencia de
Madrid en 1991. Este presupuesto es traslúcido en el preámbulo:
"Está destinado a apoyar a Israel en el proceso e paz en Oriente
Medio y contribuir así al éxito de dicho proceso, permitiendo
a Israel desempeñar un papel de motor del fomento del desarrollo
económico y social de la región" . Es sintomático
que el representante de Israel en la ceremonia de firma fuese Ehud Barak,
a la sazón ministro de Exteriores y uno de los más entusiastas
propulsores de un mercado regional emanado de un acuerdo de paz y con
Israel como eje hegemónico.
Sin duda alguna, las capacidades industriales y tecnológicas de
Israel superan a las de los demás países mediterráneos:
el mismo acuerdo resalta el deseo de reforzar la cooperación en
el ámbito del intercambio científico, técnico, de
las telecomunicaciones y la alta industria, condiciones que no se dan,
evidentemente, en el resto. Pero lo que da la medida exacta del cometido
de Israel en el contexto de la globalización es su condición
de enlace entre la UE y la región. O por describirlo en clave geométrica,
se trata de la representación de la teoría de los círculos
concéntricos: Israel se incluye en los trazos de un círculo
que está íntimamente ligado con el gran epicentro donde
empiezan y acaban los anillos; los otros países deben inscribirse
en círculos asimétricos que permanecen en una órbita
desgajada de ese epicentro. O, dicho de otro modo, se pretende que Israel
forme parte de un sistema de pleno derecho mientras que al resto sólo
le corresponde una función subordinada.
Lo anteriormente expuesto puede apreciarse con nitidez en la situación
actual de Israel y los contiguos Territorios Palestinos con la Intifada
de fondo. Sólo de este modo podría comprenderse el interés
desmedido por parte de Israel de mantener el proceso de paz, interés
compartido por la UE, a tenor de la estrecha implicación establecida
por Bruselas entre el proceso de asociación euromediterráneo
y las negociaciones en Oriente Medio. Aun cuando el Banco Central de Israel
estimaba que la Intifada provocaría un retroceso del crecimiento
nacional en un 1 o 2 por ciento, se sostenía que, en conjunto,
la economía israelí no habría de sufrir daños
de consideración gracias a la robustez del sector de alta tecnología,
volcado en la exportación y receptor de cuantiosas inversiones
extranjeras, buena parte de ellas europeas . Esto es, que además
del apoyo incondicional de EEUU, las fabulosas inyecciones pecuniarias
procedentes de las comunidades judías mundiales y las facilidades
europeas, la propia naturaleza económica del país permite
soportar estos envites (entre ellos el retroceso del turismo)... siempre
y cuando el proceso de paz continúe. Las preocupaciones de las
estadistas israelíes se centran, por consiguiente, en el mantenimiento
del proceso de paz. Éste es el verdadero responsable del "tremendo
impulso" experimentado por la economía israelí en los
últimos años, sobre todo en el ámbito de las inversiones
; sin embargo, ese proceso de paz y por extensión el proceso euromediterráneo
no han deparado resultados tan jugosos a los palestinos.
La situación palestina hoy por hoy es un trasunto descarnado y
contundente de la teoría de los círculos concéntricos
de la globalización: un territorio cuya economía está
sujeta a las decisiones tomadas por un agente externo hegemónico
que decide cuándo y cómo entran o salen sus mercancías,
sus divisas y hasta sus trabajadores. El cierre de las fronteras para
una economía subsidiaria como es la palestina constituye el colapso
de su ya mermada capacidad productiva y generadora de riqueza . Además,
la agilidad occidental para promover las inversiones, las ayudas y los
préstamos de todo tipo en Israel contrasta con las dificultades
que encuentran los otros países mediterráneos para recibir
las cantidades estipuladas. En el caso de los Territorios Palestinos,
se estima que sólo un 67% de las ayudas prometidas habían
llegado a la Autoridad Nacional a finales del año pasado (2.751
de un total de 4.064 millones de dólares) .
Israel y el Acuerdo de Asociación
La adopción
definitiva del acuerdo, que se firmó en un momento en que el proceso
de paz se hallaba estancado, se demoró hasta después de
la ascensión de Barak y la marcha de Netanyahu, debido a las reticencias
de algunos parlamentos europeos a secundarla. Por fin, en junio de 2000
entró en vigor el acuerdo y en ese mismo mes se celebró
el primer consejo de asociación. No obstante, el tratado había
venido siendo aplicado hasta esa fecha de forma anticipada. Al contrario
que el resto, Israel puede competir con Europa en el terreno donde más
fuerza tiene: el tecnológico. Pero, también, dispone de
un mayor margen de movimiento en uno de los expedientes sensibles, la
agricultura. Aunque pueda parecer mera anécdota, el hecho de que
las flores expuestas en los pabellones y pasillos de la reciente conferencia
de Niza fueran israelíes, tal y como hicieron constar los airados
floricultores franceses, tiene una gran significación que excede
el dato de que el noventa por ciento de las exportaciones de flores de
Israel van a los países europeos. Cierto que la UE es el primer
proveedor comercial de Israel (48,5% de las importaciones, datos de 1999)
y también el principal receptor de sus exportaciones (30,9%). El
balance comercial de Israel con la UE refleja un superávit favorable
al segundo de 6000 millones que se quedan en tres mil millones si se tiene
en cuenta el comercio de diamantes. Ahora bien, este déficit comercial
-característica compartida por casi todos los países de
la cuenca- se ha venido compensando con las generosas ayudas económicas
en concepto de compensaciones (caso de Alemania) o la generosa transferencia
de capacidades y medios tecnológicos que han convertido a Israel
en una potencia regional en este terreno. Y eso por no hablar de la cooperación,
extrañamente favorable a Israel, en el ámbito militar y
nuclear, con la conocida aportación francesa al desarrollo de los
reactores nucleares israelíes y la entrega de armamento sofisticado
(un exponente: los tres submarinos alemanes con cabezas nucleares que
se encontraban en aguas del Golfo en plena Intifada palestina ).
El acuerdo incluía la famosa cláusula 2, en la que se establece
que "el respeto de los derechos democráticos y de los derechos
humanos que inspiran las políticas interiores e internacionales
tanto de Israel como de la Comunidad son un elemento positivo y esencial
del Acuerdo" . Por supuesto, este artículo nunca ha llegado
a ser aplicado y, como mucho, los representantes de la UE han expresado
tímidas objeciones ante las continuas violaciones de los derechos
humanos por parte de las tropas israelíes en Palestina. En verdad,
parte de la estrategia europea al respecto nace de la convicción
de que el éxito del proceso de Barcelona depende de la marcha del
arreglo de paz en Oriente Medio y de que una desestabilización
de sus relaciones con Israel llevará a un retroceso de su papel
en la región. Mas al mismo tiempo, es una muestra de la teoría
de los anillos concéntricos a los que nos referíamos antes,
con Israel como cabeza de puente de toda una estrategia política
y militar en la región.
En el acuerdo firmado en 1995 la UE explica con nitidez la naturaleza
de su querencia hacia Israel y lo que representa: "Ante todo, supone
la prolongación y el desarrollo naturales de las relaciones, ya
muy estrechas, que unen desde hace tiempo a Israel con la UE y con sus
Estados miembros, y que reflejan una visión común de la
sociedad, fundamentada en los mismos valores de la democracia, el pluralismo,
el Estado de Derecho, el respeto íntegro de los derechos humanos
y los principios de la economía de mercado"
En el aspecto comercial, Bruselas ha sido incapaz siquiera de hacer valer
las cláusulas de los convenios firmados con Israel, a pesar de
las amenazas de medidas punitivas. Todavía perviven los ecos de
la polémica en torno a los productos agrícolas procedentes
de territorios ocupados que se exportaban a Europa con licencias israelíes
(según lo acordado, la UE no reconocía la pertenencia de
estos territorios a Israel y, por lo tanto, sus productos no podían
beneficiarse de las ventajas comerciales). Otro apartado que ha sido soslayado
por la parte israelí es el concerniente a la relación directa
que debía establecerse entre Bruselas y la Autoridad Palestina
en el intercambio comercial. Al contrario de lo estipulado en el acuerdo
interino europeo-palestino, las interferencias de una tercera parte (Israel)
han sido continuas, coronadas por el cierre impuesto a los territorios
palestinos con motivo de la Intifada y el consiguiente veto a un intercambio
fluido entre la UE y los palestinos. A despecho de las continuas violaciones
israelíes en este terreno y los amagos europeos de sanción,
la dinámica de la acción entre Tel Aviv y Bruselas ha permanecido
en consonancia con los verdaderos objetivos de su relación.
El silencio de la UE frente a los excesos del régimen de Tel Aviv
tiene, asimismo, una explicación relacionada con los intereses
regionales europeos. Israel cumple, lo mismo que las oligarquías
árabes, una misión de garante. Por lo tanto, la represión
consentida de tendencias políticas que puedan poner en peligro
los intereses occidentales (por mucho que esas tendencias cuenten con
el apoyo de la población) responde a la lógica misma de
la colaboración económica. La postura de supuesta neutralidad
de la UE ante las carnicerías y el asedio de ciudades y pueblos
palestinos, tal y como ha sido expuesta en la Conferencia de Marsella,
revela la verdadera actitud europea. En realidad, se persigue un arreglo
definitivo de paz en donde no quepan las disonancias. Bien es verdad que
la actitud europea frente a Israel y, ahora, la segunda Intifada palestina,
no llega al cinismo brutal de los EE.UU., que no sólo no condenan
sino justifican el uso de munición real contra niños y jóvenes.
Pero tampoco parece demostrar firmeza alguna ante iniciativas como la
expresada hace poco por una institución norteamericana que recordaba
a una de las elites periféricas su misión verdadera en el
marco de la globalización. En un documento emitido por una institución
semioficial sita en Washington, se instaba a la Autoridad Palestina a
poner fin a la disidencia a los acuerdos de Oslo persiguiendo a los opositores,
tratando con ellos ruthlessly (despiadadamente) y utilizando métodos
cercanos a la tortura psíquica y física para quebrar su
resistencia; además, se aconsejaba abusar de la fuerza para poner
fin al levantamiento de la población civil . Otra vez el poder
periférico como garante de los intereses externos y conculcador,
qué paradoja, de los valores morales de Occidente. Ya se trate
de amordazar a jóvenes armados de piedras, islamistas o izquierdistas
opuestos al neoliberalismo y la represión política, el régimen
local debe cumplir con su misión... o fenecer.
*http://www.nodo50.org/csca/agenda2002/euromed2002/euromed.html
