Informe CINCO AÑOS DE PROCESO EUROMEDITERRÁNEO
Pese a las declaraciones iniciales, el desarrollo del proceso euromediterráneo ha ahondado las diferencias entre las dos riberas
DE
BARCELONA A MARSELLA
CINCO AÑOS DE PROCESO EUROMEDITERRÁNEO
Pablo
García Suárez
Arabista
(Texto publicado en 'Nación Árabe', núm 43, 2001, publicación del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe)
El interés de la Unión Europea (UE) por extender su influencia y sus mercados a otros bloques regionales y el deseo de fortalecer sus vínculos con zonas vecinas -a menudo ignoradas por las relaciones exteriores de sus países miembros en las últimas décadas-, llevó a los Quince a desarrollar una estrategia común que reforzara las relaciones sociales, culturales y sobre todo económicas de los países europeos con los Estados de la ribera sur del Mediterráneo. Las ideas que oficialmente alentaron la cooperación euromediterránea fueron la creación de un espacio de "paz y estabilidad política, de bienestar material, de respeto a los derechos humanos y de cooperación social, cultural y científica", aunque los factores que verdaderamente impulsaron esta idea fueron la necesidad de expansión de los entramados empresariales europeos, la intención de establecer un control sobre la seguridad en ambas orillas del Mediterráneo, el freno de los flujos migratorios hacia el norte, la preservación del frágil equilibrio de las relaciones norte-sur ante la próxima ampliación de la UE al este de Europa, y el deseo de combatir el aumento progresivo de la influencia de EEUU en la zona. Fruto de estos objetivos fue la creación del llamado 'Proceso Euromediterráneo' o 'Proceso de Barcelona' nacido en la Cumbre de jefes de Estado y de gobierno celebrada en la capital catalana los días 27 y 28 de noviembre de 1995, durante la presidencia de turno española de la Unión Europea. Transcurridos cinco años desde esa reunión, los pequeños avances registrados hasta ahora se circunscriben a los ámbitos de la macroeconomía y de la seguridad, permaneciendo la cooperación humana entre ambas orillas bloqueada, el desarrollo humano de los pueblos del sur de la cuenca en continua regresión, y la diferencia entre los indicadores sociales y económicos de ambas orillas en imparable aumento. Y todo ello pese a haberse organizado hasta ahora cuatro Cumbres ministeriales y decenas de encuentros multisectoriales a todos los niveles.
La Cumbre
fundacional del Proceso de Barcelona contó con la participación
de 27 Estados: los 15 de la UE y 12 de la ribera sur del Mediterráneo
(Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, la Autoridad Palestina,
Israel, Siria, Líbano, Turquía, Chipre y Malta). De esta
cita se vieron excluidas Albania (envuelta en una grave inestabilidad
interna), los países de la ex Yugoslavia (inmersos en los conflictos
bélicos de los Balcanes), Mauritania (pese a su pertenencia a la
Unión del Magreb Árabe, ya que desarrolla sus relaciones
con la UE a través del Convenio de Lomé) y Libia (sometida
entonces a sanciones internacionales por las acusaciones occidentales
sobre su vinculación con el atentado de Lockerbie). La suspensión
de las sanciones en abril de 1999, la histórica visita de Massimo
D´Alema (Primer ministro italiano entonces) a Trípoli en
diciembre del mismo año (la primera de un Primer Ministro europeo
en 15 años) y la invitación de la UE a Libia para sumarse
al proceso euromediterráneo a condición de consentir la
continuidad en él de Israel y la Autoridad Palestina, y aceptar
los principios de Barcelona, hacen previsible la incorporación
de Trípoli al proceso euromediterráneo a medio plazo, máxime
tras su sorpresiva participación en la reciente Conferencia de
Marsella. Libia es país observador del Proceso de Barcelona sin
derecho a voz ni a voto desde el año 1999. Por otra parte, los
deseos recientemente expresados por Yemen de sumarse al proceso, aunque
sea sólo como país observador, fueron rechazados por los
Quince.
El proceso de Barcelona se basa en dos grandes ejes: el establecimiento
de Acuerdos de Asociación entre los países de la UE y países
terceros de la cuenca mediterránea, y la aplicación de un
programa de ayudas denominado MEDA para llevar a la práctica los
puntos recogidos en la declaración de Barcelona, todo ello con
el objetivo final de crear en el año 2010 una Zona de Libre Comercio
euromediterránea. La declaración final de la Cumbre, llamada
"Declaración de Barcelona" , establece los principios
básicos que habrán de regir el diálogo entre los
países de ambas orillas del Mediterráneo, y que se pueden
resumir en tres puntos:
1. Refuerzo de las relaciones comerciales entre los países firmantes
con el objetivo de crear en el año 2010 una Zona de Libre Comercio
en la cuenca mediterránea, que sería la mayor del mundo,
con un potencial de 700 millones de consumidores.
2. Extensión de este incremento de relaciones comerciales a los
ámbitos sociales y culturales, con el fin de aproximar las sociedades
de ambas orillas.
3. Establecimiento de una cooperación en materia de seguridad entre
los países participantes en el proceso, que debe ser instaurado
mediante mecanismos de resolución pacífica de los conflictos
y el control de armamento, para garantizar la estabilidad de la región.
Precisamente, la redacción de los párrafos referidos a este
último principio fue la que encontró las mayores dificultades
entre los negociadores, y ello debido a las divergencias existentes al
respecto entre las delegaciones árabes y la israelí. La
fórmula fue acordada por consenso y con una puntualización
verbal de Líbano sobre su derecho a defenderse de la ocupación
israelí en el sur del país. La delegación libanesa
insistió en su derecho a defender su territorio "por todos
los medios legítimos", pese a que el texto sólo menciona
el derecho a ejercer la soberanía "por medios legítimos"
. Las diferencias también afectaban al tratamiento dado en el documento
a la cuestión del terrorismo y la proliferación de armamentos.
Finalmente, el texto compromete a los países firmantes a "respetar
el derecho de autodeterminación conforme a los principios de Naciones
Unidas", a "cooperar para prevenir el terrorismo", a frenar
la "proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas,
suscribir tratados de control de armamentos y desarme convencional".
También incluye, a petición siria, el principio de "tierra
a cambio de paz" establecido en la Conferencia de Madrid para la
paz en Oriente Medio de 1991, un "compromiso de respeto de la integridad
territorial y la unidad de los otros socios", y la lucha contra el
terrorismo "en particular mediante la ratificación y la aplicación
de los instrumentos internacionales suscritos" .
Los aspectos económicos y sociales de la Declaración fueron
pactados con muchas menos dificultades, si bien Siria y Egipto fueron
los países que más reticencias ofrecieron durante las negociaciones
sobre la redacción de la Declaración de Barcelona ante el
objetivo final de crear una Zona de Libre Comercio en la región
en el año 2010. En el terreno social y humano, sin duda el de menos
peso en el proceso euromediterráneo, la declaración recoge
diversas ideas para facilitar el establecimiento de lazos "entre
la sociedad civil" de ambos lados del Mediterráneo. Para el
seguimiento y la aplicación de los compromisos pactados en Barcelona,
se creó durante la Cumbre un "Comité Euromediterráneo
para el proceso de Barcelona" formado por altos funcionarios de la
UE y de los países de la ribera sur, con la idea de no limitarse
al seguimiento de las cuestiones económicas y comerciales, las
de más calado en el llamado "diálogo euromediterráneo",
y de convertirse en un etéreo "ámbito para el diálogo
continuado" .
Ejes del proceso euromediterráneo
Previamente
se ha mencionado que los ejes principales del Proceso de Barcelona son
la consecución de Acuerdos de Asociación entre la UE y los
países de la orilla sur del Mediterráneo, y la aplicación
del multimillonario programa MEDA. Durante los últimos años
la UE ha firmado con los países del Magreb y Oriente Medio Acuerdos
de Asociación con Túnez (julio de 1995), Israel (noviembre
de 1995), Marruecos (febrero de 1996), la Autoridad Palestina (febrero
de 1997) y Jordania (abril de 1997), mientras que con Egipto han concluido
las negociaciones, pero las autoridades de ese país aún
no lo han firmado. Además, la Comisión Europea quiere acelerar
la conclusión de los acuerdos que negocia en la actualidad con
Líbano, Siria y Argelia para terminarlos en junio de 2001, lo cual
no se considera tarea fácil en círculos diplomáticos.
Asimismo los Quince firmaron Acuerdos de Asociación con Turquía,
Chipre y Malta. La firma de uno de estos acuerdos es condición
sine qua non para la participación de los países de la ribera
sur en la prevista Zona de Libre Comercio euromediterránea proyectada
para el año 2010.
Estos Acuerdos de Asociación prevén principalmente la aplicación
de medidas liberalizadoras y la supresión de las barreras comerciales
con el objetivo, utilizando terminología neoliberal, de eliminar
"las economías centralizadas, cerradas y estatalizadas",
es decir abrir los sectores productivos de los países del Magreb
y Oriente Medio al capital transnacional monopolista, con todas las consecuencias
que ello acarrea, principalmente privatizaciones masivas, desaparición
de buen número de empresas de capital nacional y aumento de la
desprotección de las clases trabajadoras. La aplicación
de estos acuerdos se encuentra condicionada al respeto de los derechos
humanos y los principios democráticos en los países firmante,
si bien no deja de ser una mera declaración de intenciones nunca
aplicada por la UE como instrumento de presión para evitar violaciones
flagrantes de los derechos humanos, como los cometidos por Israel en Palestina.
En la actualidad se están renegociando por mandato aprobado por
los Quince el 20 de julio pasado, algunos capítulos, principalmente
los relativos a la agricultura, de los Acuerdos de Asociación firmados
con Túnez, Marruecos e Israel .
Por otra parte, la Conferencia de Barcelona aprobó la creación
del programa de ayuda económica MEDA con el objetivo de incentivar
la consecución de los objetivos marcados en la declaración
emanada de esa Cumbre. El programa MEDA viene a dar continuidad, como
principal instrumento de cooperación entre ambas orillas de la
cuenca mediterránea, a los antiguos fondos MED y a los protocolos
de asociación euromediterránea, con validez el primero entre
1978 y 1981, el segundo entre 1982 y 1986, el tercero entre 1987 y 1991,
y el cuarto y último entre 1992 y 1996. Los fondos MEDA tienen
su base jurídica en el reglamento comunitario 1488/96 del Consejo
de 23 de julio de 1996 y prevén el apoyo financiero a transacciones
económicas entre los países involucrados en el proceso,
a las instituciones de la zona euromediterránea, a la creación
de una zona de libre cambio euromediterránea, a la consecución
de un mejor equilibrio socioeconómico en la zona y a la cooperación
regional y transfronteriza. Se estableció la aplicación
de este programa entre los años 1995 y 1999 (aunque de hecho se
lanzó en septiembre de 1996) con una dotación de 3.435 millones
de euros de los 4.685 millones asignados a los 12 socios euromediterráneos
para el mismo periodo. El programa MEDA está destinado a todas
las personas físicas y jurídicas de los países mediterráneos,
pero en particular a las autoridades nacionales y regionales que desarrollen
proyectos que contribuyan a dar forma a los objetivos marcados en la Declaración
de Barcelona.
Alrededor del 90% de los fondos se asignan bilateralmente a los países
asociados, mientras que el 10% restante se destina a organismos y actividades
regionales. La mayor parte de esta financiación europea se basa
en ayudas no reembolsables o en capitales riesgo, usando fondos del presupuesto
comunitario, aunque el programa se acompañó de préstamos
multimillonarios del BEI (Banco Europeo de Inversiones) por valor de 3.996
millones de euros entre los años 1995 y 1999.
Las actividades financiadas con los fondos son las de cooperación
financiera y técnica en ámbitos de importancia estratégica
para el desarrollo económico y social de la cuenca mediterránea
(agricultura, pymes, medio ambiente, energía, comercio y servicios,
formación, población y demografía y cooperación
regional), y las de cooperación económica para crear un
"clima favorable" a los intercambios y a las inversiones extranjeras.
Esta cooperación económica se canaliza a través de
los subprogramas de cooperación científica y tecnológica,
y de cooperación entre ciudades (Med-Urbs), universitaria (Med-Campus),
empresarial (Med-Invest), entre medios de comunicación (Med-Media),
entre colectividades locales de ambas riberas sobre emigración
(Med-Migración) y en el ámbito de la investigación
y la tecnología (Med-Techno) . El programa MEDA también
financia reuniones de expertos, conferencias, congresos y publicaciones
que fomenten las relaciones entre los países del área.
Marsella y Meda II
En la reciente
Conferencia euromediterránea de Marsella celebrada los días
15 y 16 de noviembre pasados, se aprobó la financiación
de la segunda parte del programa, llamado MEDA II, con vigencia para el
período 2000-2006. Durante ese periodo, la UE destinará
a la región un total de 12.750 millones de euros (700 millones
de éstos durante el año 2001), 5.350 de los cuales serán
fondos no reembolsables, 6400 millones inversiones del BEI a través
de créditos blandos, y otros mil millones más que destinará
a la zona esta misma entidad en forma de créditos de alto riesgo
. El Parlamento Europeo será el organismo encargado de asignar
los fondos prescritos por el programa MEDA II a proyectos concretos. Si
comparamos estos datos con los aprobados por la UE para la ayuda a la
región durante el periodo 1995-99, se puede deducir que la ayuda
crediticia va ganando terreno a las ayudas en forma de fondos no reembolsables.
Además, las negociaciones para determinar estas cantidades se vieron
dificultadas por el bajo nivel de aplicación del programa MEDA
I y por el creciente interés de los Quince por aumentar las ayudas
a la zona de los Balcanes. Alemania, Reino Unido, Suecia y Austria habían
pedido ampliar el paquete de ayudas a los países del este, utilizando
fondos en un primer momento destinados al Mediterráneo con el argumento
de que no es realista comprometer cantidades que finalmente no se desembolsan
(en alusión al bajo grado de aplicación de los fondos MEDA),
y de que es necesario mejorar la dotación de las ayudas al este
de Europa, principalmente los Balcanes, máxime tras el reciente
cambio de régimen en Yugoslavia , y ello teniendo en cuenta la
próxima ampliación de la UE a esos países. Además
el comisario de Asuntos Exteriores Chris Patten había aludido en
diversas ocasiones a la posibilidad de que parte de los fondos comprometidos
con los países mediterráneos, pero no desembolsados debido
a la acumulación de fuertes retrasos, se destinaran a otras regiones,
entre ellas los Balcanes, algo a lo que se han opuesto los Estados del
sur de la UE, entre ellos España, por razones geoestratégicas
obvias.
De cualquier manera, la Comisión Europea sigue considerando oficialmente
el proceso de Barcelona como "una de sus prioridades" a la que
la UE destina un 22% de su presupuesto exterior. Sin embargo, los Estados
de la ribera sur expresaron su insatisfacción con las cantidades
acordadas en Marsella y afirmaron que -pese a su crecimiento- no son suficientes
para financiar sus necesidades durante el periodo de ajuste de sus economías.
El eurodiputado francés de origen argelino Sami Naïr hizo
hincapié tras la reunión de Marsella en lo relativamente
reducido de estas ayudas (12.750 millones de euros), sobre todo si se
tiene en cuenta que la cantidad que dejarán de percibir las Haciendas
de los países del sur del Mediterráneo por la supresión
de aranceles en los próximos años será de alrededor
40.000 millones de euros, y que el volumen de ayudas que recibirán
de la UE por diversos conceptos los países del centro y este de
Europa en los años venideros "será diez veces mayor
que las ayudas acordadas para los países del sur y este del Mediterráneo"
Evolución del proceso de Barcelona
Desde la
celebración de la Cumbre de Barcelona en noviembre de 1995 hasta
la reciente reunión de Marsella del mes de noviembre pasado, se
han organizado otras dos Conferencias euromediterráneas para el
seguimiento y evaluación del proceso en curso: la primera tuvo
lugar en Malta en abril de 1997, y la siguiente en Stuttgart (Alemania)
en abril de 1999. En ellas quedó en evidencia la incapacidad de
las partes por dar impulsos significativos a los aspectos políticos,
sociales y humanos del proceso pese a la multitud de reuniones, instituciones
y programas desarrollados, y su negligencia a la hora de desembolsar los
compromisos económicos adquiridos. Estos desembolsos, según
datos recientes, sólo han cubierto el 26% del total de fondos comprometidos
.
La principal tarea de la Conferencia de Malta fue redoblar los esfuerzos
para la consecución de los objetivos marcados en la Declaración
de Barcelona, la toma de medidas a corto plazo para fomentar proyectos
de cooperación tangibles y acordar la elaboración de una
Carta de Seguridad que pusiera las bases para solucionar pacíficamente
los conflictos en la cuenca mediterránea. Los países árabes
advirtieron que la paz en la zona es un requisito previo para el éxito
de la cooperación en la región y no a la inversa. El proceso
recibió posteriormente un espaldarazo con una reunión informal
de ministros de Asuntos Exteriores de los países del proceso celebrada
en Palermo en junio de 1998. Esta reunión acordó establecer
un programa de trabajo menos ambicioso con el fin de permitir la toma
de medidas prácticas capaces de impulsar el proceso.
La Conferencia de Stuttgart, ensombrecida por los acontecimientos de Kosovo,
volvió a reconocer la necesidad de ajustar los métodos para
conseguir los objetivos de Barcelona, y afirmó la necesidad de
reforzar el diálogo y el intercambio de información entre
los 27 países miembros del proceso con medidas concretas. Todas
las reuniones apoyaron el proceso de paz para solucionar la problemática
de Oriente Medio, "la madre de todos los conflictos" en la zona
del Mediterráneo , aunque las medidas tomadas para conseguir una
az justa y global en la reunión fueron nulas.
Además la Conferencia de Malta coincidió con una grave crisis
del proceso de paz en Oriente Medio a causa del grave empeño israelí
por construir un asentamiento judío en Yabal Abu Gunaim (en las
inmediaciones de la parte árabe de Jerusalén). Sin embargo,
esto no fue sino un episodio más de la larga historia de ocupación
israelí que ha venido lastrando desde su nacimiento el proceso
euromediterráneo. La UE no ha podido involucrarse políticamente
en las gestiones para solucionar el problema (monopolizadas por EEUU),
ni ha decidido aplicar las salvaguardas recogidas en el acuerdo de asociación
UE-Israel que condicionan la continuidad de la cooperación bilateral
al respeto de los derechos humanos y las resoluciones y convenios internacionales.
Este doble fracaso de la UE, cuyo papel en Oriente Medio se limita al
de pagar las facturas de un proceso de paz en el que no interviene, nos
indica la gravedad del escollo que supone la cuestión palestina
para el progreso del proceso euromediterráneo. Las declaraciones
de intenciones de los Quince para crear una estrategia política
común para la zona del Mediterráneo han caído hasta
ahora en saco roto , y su incapacidad para presionar a Israel con el fin
de obligarla a cumplir con las resoluciones internacionales es evidente.
Como en el caso de otros problemas surgidos en la cuenca mediterránea
(Bosnia o Kosovo), la política europea sigue marcada por el seguidismo
absoluto de la estrategia imperial de EEUU, cuyo máximo exponente
es la presencia de Javier Solana, brazo ejecutor de la política
norteamericana en la agresión a Yugoslavia, en el cargo de Representante
de la UE para la Política Exterior y Seguridad común (Señor
Pesc).
Aparte del seguidismo, la ineficacia es la otra nota que define la acción
política europea en la cuenca mediterránea, y prueba de
ello es el fracaso de la UE en la solución de problemas históricos
como el del Sahara Occidental o Chipre, o de las tensiones entre países
claves en el proceso de Barcelona como Turquía y Grecia o Marruecos
y Argelia. La cuarta Conferencia euromediterránea de Marsella,
boicoteada por Siria y Líbano precisamente por la inacción
de la UE con respecto a la cuestión palestina, no contribuyó,
como era de esperar, a solucionar este problema. Prueba de ello son las
"muchas reservas" expresadas por los países árabes
sobre el documento final de ese foro, "que no refleja todas las ideas
de la delegación árabe". El ministro palestino de Planificación
y de Cooperación Internacional, Nabil Shaat, en nombre de los países
árabes presentes en la reunión, afirmó que "hemos
exigido aquí un papel más activo de la UE" en el proceso
de paz de Oriente Medio, pero "no podrá hacerlo mientras mantenga
su perniciosa doctrina de neutralidad (...) No puede haber igualdad entre
ocupados y ocupantes (...), no se puede comparar a gente que se manifiesta
con piedras a la agresión de un gran ejército" .
Según lo acordado en Marsella en noviembre pasado, la siguiente
Conferencia euromediterránea, la quinta desde la Cumbre de Barcelona,
tendrá lugar durante el primer semestre del 2002, bajo la presidencia
de turno española de la UE, aunque se espera la celebración
de una Conferencia ministerial en el primer semestre del 2001 durante
el periodo de presidencia belga.
Perspectivas del proceso euromediterráneo
Ante la mencionada
falta de eficacia de las ayudas económicas comunitarias a la orilla
sur del Mediterráneo y la escasa influencia política de
la UE -como bloque- en la zona, la Comisión Europea estudió
una serie de medidas para resucitar el Proceso de Barcelona que fueron
anunciadas el 6 de septiembre pasado y validadas en su mayoría
en Marsella. La Comisión considera que los principios con los que
se creó el Proceso y los instrumentos con los que se le dotó
"siguen siendo válidos" . El documento que recoge estas
medidas -presentado por el eurocomisario Patten- llama a acelerar la negociación
de los Acuerdos de Asociación con los países del sur de
la región mediterránea, y propone que la UE ligue más
la concesión de fondos MEDA al cumplimiento de los objetivos marcados
en los Acuerdos de Asociación y a la voluntad de estos países
de realizar reformas económicas, así como a "progresos
sustanciales" en el área de "los derechos humanos, la
democracia, el imperio de la ley y el buen gobierno". En el terreno
de la seguridad, instaba a la aprobación de la Carta para la Paz
y la Estabilidad en la región durante la reunión de Marsella
(algo que finalmente no sucedió), y lo más novedoso, la
incorporación de temas de Justicia e Interior al proceso -la lucha
contra la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos
y la instauración de una política de asilo entre ellos.
Para ello, se propuso la aplicación de "un programa regional
relativo a asuntos de Justicia e Interior en el año 2001"
. El programa también incluiría otros temas como la integración
social de los emigrantes que residen de modo legal en la UE, la conformidad
de los sistemas judiciales y la cooperación en la lucha contra
el crimen organizado. El enviado de la UE para Oriente Medio, Miguel Ángel
Moratinos, propuso por su parte añadir objetivos concretos de tipo
social, como la creación de un "sistema de becas para estudiantes
del sur del Mediterráneo, financiado por la UE, similar al Programa
Erasmus desarrollado dentro de Europa" .
Sin embargo, parece que la principal preocupación del ejecutivo
comunitario estriba en la falta de liberalización de los mercados
del sur y en la insuficiente eliminación de protecciones aduaneras
en esos países, es decir, las trabas que impiden el avance de la
globalización y la penetración de las grandes empresas multinacionales
en la zona . Por ello, el objetivo teórico de creación de
un espacio de bienestar compartido y de cooperación armónica
entre los países de la cuenca mediterránea, recogido a grandes
rasgos en la Declaración de Barcelona, no deja de ser una mera
declaración de intenciones poco realista a causa de varios factores.
Entre ellos la dureza de los programas de ajuste del FMI en la ribera
sur, la falta de peso del componente social en el proceso (la apertura
de fronteras económicas no se acompaña con una mayor libertad
de circulación de personas), las grandes y crecientes diferencias
de renta entre los países del norte y del sur de la cuenca -una
proporción de uno a 12 hoy, y previsiblemente de uno a 20 en cinco
años - y el extraordinario peso de la deuda externa de los países
del sur. Para señalar la poca eficacia general del Proceso de Barcelona,
bastaría recordar que con 200.000 millones de deuda externa gubernamental,
los países del sur del Mediterráneo tienen que desembolsar
anualmente entre 17.000 y 19.000 millones para sanear la deuda mientras
que reciben de la UE una media de 2.000 millones entre ayuda no reembolsable
y préstamos .
Durante la reciente reunión de Marsella, los ministros de exteriores
de los países participantes delimitaron seis prioridades para impulsar
el Proceso de Barcelona con el objetivo final de crear la Zona de Libre
Comercio el año 2010 :
1. Acelerar la negociación y ratificación de los Acuerdos
de Asociación.
2. Fomentar la liberalización de la agricultura y el comercio en
la región.
3. Promover el comercio Sur-Sur, dado que el porcentaje de intercambios
entre los Estados del sur del Mediterráneo es el 6 % del total
del comercio en la región.
4. Avanzar en la integración de las diversas políticas relativas
al mercado interior antes de 2002.
5. Impulsar la liberalización de las normas de exportación
de los países del área.
6. Explorar nuevas posibilidades para incrementar el atractivo de la región
para las inversiones extranjeras.
Pese a los escasos beneficios que se derivarán de este modelo de
cooperación para los países árabes inmersos en el
proceso, la oposición en éstos ha sido mínima, en
parte por la falta de democracia real en muchos de estos Estados y por
los beneficios que las clases dirigentes árabes sacarán
de este modelo de cooperación. Éste será, en cambio,
francamente perjudicial para los sectores económicos tradicionales
y las clases trabajadoras, máxime teniendo en cuenta que los programas
de cooperación social entre ambas orillas pueden calificarse de
cosméticos y de corto alcance para el conjunto de la población.
Por otro lado, las relaciones entre la UE y los países árabes
del Mediterráneo se caracterizan por su bilateralidad, no existiendo,
a causa de las tradicionales rencillas vecinales, una coordinación
entre los Estados árabes ni para negociar los Acuerdos de Asociación
ni para mejorar las condiciones en las que reciben las ayudas europeas
. Lo anterior se traduce en la ausencia de una postura común que
pudiera beneficiar los intereses árabes y que pudiera constituir
el primer paso para la creación de la proyectada área interárabe
de libre comercio, objetivo hoy por hoy muy lejano a causa de diversos
factores, entre ellos lo modesto de las cifras del comercio bilateral
entre los países de la ribera sur del mediterráneo. Además,
la cooperación mediterránea se ve dificultada por los intereses
claramente divergentes de los países de ambas orillas, lo cual
pudo verse con nitidez durante la Cumbre Euro-Africana celebrada en marzo
de este año en El Cairo .
El resultado de estos años de cooperación es claramente
desalentador para los países de la orilla sur del Mediterráneo,
ya que las inversiones europeas apenas han crecido, la pobreza medida
en PIB per cápita sigue aumentando, el crecimiento demográfico
no se ha controlado, el comercio entre los países de esta ribera
sigue estancado en un volumen bajo y los proyectos multilaterales siguen
en mantillas . Mientras, las ayudas europeas han desatendido los programas
de formación, una de las facetas en las que el proceso euromediterráneo
podía haber tenido más repercusión en el desarrollo
humano de la orilla sur. Por otro lado, a estos países se les podría
imputar la culpa de las graves deficiencias de las administraciones públicas,
la debilidad de sus sistemas jurídicos, la falta de democracia
interna, la mala gestión de las ayudas exteriores, o las trabas
a las iniciativas empresariales nacionales, problemas cuya solución
no ha conseguido incentivar el asesoramiento ni la ayuda europea.
Así pues, no parece que el modelo de cooperación adoptado
entre ambas orillas del Mediterráneo, basado en la retórica
de la existencia de unas bases históricas y culturales comunes,
en un refuerzo del control de la ribera sur en materia de seguridad y
en la imposición de unas directrices económicas neoliberales,
vaya a favorecer el desarrollo económico y humano de la orilla
sur de la cuenca. El vacío lema de la cooperación entre
iguales se desvanece al comprobar las crecientes diferencias existentes
a todos los niveles entre ambas riberas del Mediterráneo, máxime
cuando el modelo escogido reserva a los países del sur participantes
en el Proceso de Barcelona el papel de productores de materias primas
(principalmente energía) y explotadores de mano de obra barata
en la industria manufacturera, todo ello con una fuerte presencia de capital
transnacional con el objetivo de controlar los sectores productivos nacionales
surgidos tras la independencia de estos países como, por ejemplo,
las telecomunicaciones.
Por ello, las medidas de ajuste económico en estos Estados son
la prioridad de este modelo de cooperación, que se maquilla con
la concesión de ayudas económicas -casi siempre insuficientes
y sobre cuya gestión se alargan a menudo sombras de sospecha -
y la aplicación de medidas sociales ineficaces y en buena medida
simbólicas, si tenemos en cuenta que el acceso de ciudadanos del
sur del Mediterráneo a la orilla norte tropieza con trabas que
crecen de año en año. La naciente relación en materia
de seguridad entre la OTAN y los países del Magreb y la creación
de una Zona de Libre Comercio en la región en el horizonte del
año 2010 representan las metas que el Nuevo Órden Mundial
ha asignado para esta zona del globo, y su consecución no parece
que vaya a garantizar el desarrollo humano de los pueblos mediterráneos.
Es a la luz de esta consideración como tal vez convenga interpretar
el proceso nacido en Barcelona en 1995.
*http://www.nodo50.org/csca/agenda2002/euromed2002/euromed.html
