Informe CINCO AÑOS DE PROCESO EUROMEDITERRÁNEO
El proceso iniciado en Barcelona no está respondiendo a las necesidades de desarrollo de los países del Sur y del Este del Mediterráneo
LA
ASOCIACION EUROMEDITERRÁNEA
UN PROYECTO ECONÓMICO TRUNCADO
(Texto publicado en 'Nación Árabe', núm 43, 2001, publicación del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe)
Iván
Martín
Profesor de Economía Política de la UE y el Mediterráneo,
New York University in Spain
Cinco años después de la Conferencia de Barcelona, la Asociación Euromediterránea presenta un pobre balance. En particular, si se compara con la desmedida euforia que provocó su celebración, proclamada como el alba de "una nueva forma de cooperación paritaria" y de un enfoque integral. Hoy por hoy, el argumento más reiterado en su favor insiste en que es todo un éxito que siga existiendo como tal y que no tiene alternativas, pero sin que ello consiga ocultar su fragilidad y, sobre todo, su inoperancia como instrumento para hacer frente a los grandes desafíos que tienen planteados los países ribereños del Mediterráneo, tanto en términos de desarrollo y cooperación como en términos de seguridad, democratización y de diálogo cultural. De hecho, se advierte un progresivo deslizamiento de la Asociación Euromediterránea hacia esquemas clásicos de relaciones Norte-Sur.
Ciertamente,
cinco años son un período excesivamente corto para sacar
conclusiones, pero permiten ya identificar tendencias y, sobre todo, medir
el impulso con el que avanza un proyecto, incluso si se ha concebido expresamente
desde un principio como un "proceso de Barcelona" que progresará
hacia sus objetivos mediante avances incrementales. Además, es
un período lo bastante largo como para justificar una evaluación
que permita detectar e introducir las correcciones necesarias.
En su momento, la Asociación Euromediterránea fue proclamada
como un hito en las relaciones Norte-Sur en el Mediterráneo, al
articular en un mismo proyecto todos los aspectos de esas relaciones en
un enfoque integral y superar el unilateralismo tradicionalmente imperante
en esas relaciones por un marco jurídicamente vinculante de cooperación
entre entidades soberanas con igualdad de derechos y obligaciones. La
elección de la fórmula de los Acuerdos de Asociación
pretendía poner de manifiesto que los intereses europeos en esta
región tienen un carácter estratégico que va más
allá de los meros intereses comerciales o la simple cooperación,
extendiéndose a ámbitos más variados como las relaciones
culturales y el establecimientos de vínculos entre las respectivas
sociedades civiles, el diálogo político o la seguridad,
y requiriendo, por tanto, instrumentos que garanticen una integración
más profunda.
Potencial y limitaciones de la Asociación
Por ello,
cualquier análisis de la Asociación Euromediterránea
debe partir de una invocación de sus objetivos declarados y de
las diversas motivaciones de los países que la celebraron para
asumir los compromisos que entraña. Los objetivos eran los siguientes:
a) La creación de una "área de paz y estabilidad"
basada en principios fundamentales como "el respeto de los derechos
humanos y la democracia".
b) La creación de una "área de prosperidad compartida".
c) La mejora de la "comprensión mutua" entre los pueblos
de la región y el desarrollo de una sociedad civil activa.
Para alcanzar estos objetivos, los instrumentos diseñados por las
Instituciones comunitarias (con la participación destacada de las
diplomacias de países como España y Francia) se inscriben
en un enfoque holístico que, de acuerdo con sus propios postulados,
pretendía superar el planteamiento excesivamente economicista de
los acuerdos de cooperación tradicionales, articulándose
en torno a tres dimensiones o ejes:
a) Un diálogo político y de seguridad destinado a promover
la paz y la estabilidad en la región, desarrollar el Estado de
Derecho y promover el respeto de los derechos humanos.
b) La cooperación económica y financiera, que contemplaba
el establecimiento progresivo hasta el año 2010 de una zona de
libre comercio entre los países de la UE y los países del
Sur y el Este del Mediterráneo (PSEM) y un aumento sustancial de
recursos financieros concedidos con objeto de facilitar la transición
económica y hacer frente a los costes económicos y sociales
que la zona de libre comercio tendría en los países en desarrollo
del Sur del Mediterráneo (los denominados fondos MEDA).
c) La dimensión social, cultural y humana, que pretende fomentar
el diálogo y la participación entre y de las sociedades
civiles con el fin de reforzar la confianza mutua.
En cuanto a las motivaciones que llevaron a los distintos países
a suscribir un marco de relaciones como éste, aun simplificando
es un lugar común que mientras que para los países del Norte
del Mediterráneo y de la UE el principal móvil era la seguridad
y la estabilidad (aunque mal entendida esta última como simple
mantenimiento del statu quo), para los PSEM se trataba sobre todo de promover
su desarrollo, y para ello de incrementar los flujos de cooperación
económica y financiera y, muy particularmente, las inversiones
extranjeras directas en sus economías. Para los gobiernos de los
PSEM, esto reforzaría su legitimidad exterior y contribuiría
a consolidar las bases de su estabilidad. En un segundo nivel, mediante
la Asociación Euromediterránea los países europeos
se aseguraban el acceso privilegiado a los mercados de toda una región
mientras que los PSEM se aseguraban ciertas salvaguardias en una especie
de "ensayo general" de la apertura a las fuerzas de la globalización
y esperaban que la liberalización de sus mercados industriales
culminara con el tiempo en la apertura de los mercados agrícolas
europeos.
Si la Asociación Euromediterránea despertó tantas
esperanzas se debió a que, haciendo abstracción de cualquier
consideración sobre las condiciones objetivas de las relaciones
económicas y políticas entre los países del Norte
y del Sur del Mediterráneo y las perspectivas reales de que se
llegaran a poner en práctica todos sus componentes, ofrecía
un repertorio bastante razonable de las acciones necesarias para impulsar
un proceso de desarrollo económico y social sostenible en el sur
del Mediterráneo y adoptaba un enfoque voluntarista para crear
una verdadera región mediterránea de paz y prosperidad compartidas.
"Resolver sus diferencias [entre los países asociados] por
vías pacíficas" "con arreglo a la Carta de Naciones
Unidas y al Derecho internacional", conseguir "un aumento sustancial
de la asistencia financiera de la UE a sus asociados", consolidar
la democracia y el respeto de los derechos humanos, promover el diálogo
entre los pueblos e incluso aumentar el ritmo de "desarrollo socioeconómico
sostenible y equilibrado", "con una mejora de las condiciones
de vida de sus poblaciones, aumento del nivel de empleo y reducción
de las disparidades de desarrollo en la región euromediterránea"
constituían un catálogo sobre el que era fácil conseguir
un cierto grado de consenso. Esto llevó a numerosos analistas,
incluso críticos con la trayectoria y el contenido de la política
mediterránea de la UE, a hablar de una "iniciativa ambiciosa
e innovadora", "genuina y generosa" de la UE , cuyo enfoque
global parecía invitar al optimismo. Incluso la articulación
más precisa de los aspectos económicos del proyecto se consideró
como un intento de reeditar la exitosa fórmula comunitaria, utilizando
medios de integración fundamentalmente económicos para alcanzar
objetivos eminentemente políticos.
Sin embargo, las principales limitaciones de este modelo de asociación
se vislumbraban ya en su propio diseño, y han sido reiteradamente
señaladas por comentaristas críticos con el proceso de Barcelona:
1. La falta
de autonomía del proceso de Barcelona, supeditado a los altibajos
de un proceso, como las negociaciones de paz en Oriente Medio, sobre el
cual la UE prácticamente no tiene ninguna influencia. Esta subordinación
de la Asociación Euromediterránea -un marco de cooperación
regional-- a la lógica de las relaciones globales y al juego de
poder de las grandes potencias quedó particularmente patente en
el caso de la exclusión de Libia de la Conferencia de Barcelona
y el proceso ulterior con la excusa de las sanciones impuestas a este
país por el Consejo de Seguridad de NNUU en 1992, no suspendidas
hasta 1999. Libia constituye un espacio inmenso (1,759 millones de km2)
en pleno corazón del Mediterráneo, había participado
en anteriores iniciativas de seguridad euromediterráneas -como
la iniciativa 5+5 en el Mediterráneo Occidental-, es miembro de
la Unión del Maghreb Árabe, es el tercer exportador de petróleo
a Europa y su economía se encuentra más integrada en los
mercados europeos que las de otros socios de la Asociación, entre
otras cosas por ser un importante inversor de cartera en grandes empresas
europeas. Y, sin embargo, ha estado excluida durante estos cinco años,
y sólo desde 1999 se la admite como observador sin derecho a voz
en las reuniones, sin que la actitud agresiva de algunos países
permita augurar su pronta integración de pleno derecho.
2. La asimetría de las relaciones, tanto por la enorme diferencia
de poder económico entre los socios (en 1997, mientras la renta
por habitante media de los PSEM era de 2.285 dólares, la de la
UE era diez veces mayor, de 22.785 dólares por habitante) como
por la concentración del poder de negociación que se produce
como consecuencia del hecho de que por un lado negocien quince países
con una sola voz, representados por las Instituciones comunitarias, mientras
que por otro negocian doce países de manera independiente, a menudo
incluso enfrentados entre sí o en competencia por obtener mejores
condiciones. Esta asimetría tiene su reflejo en el marco institucional
de las negociaciones: en la práctica, las verdaderas negociaciones
tienen lugar en el seno del Consejo de Ministros de la UE y entre éste
y la Comisión, debiendo conformarse los PSEM con aceptar o rechazar
los compromisos alcanzados en y entre ellos. En conjunto, este desequilibrio
justifica considerar la Asociación Euromediterránea no sólo
como un ámbito de cooperación, sino desde más de
un punto de vista también como una plataforma de dominación.
3. El carácter fragmentario del proceso de Barcelona. En efecto,
la Declaración de Barcelona tan sólo constituye un marco
de acción para la negociación de Acuerdos de Asociación
bilaterales entre la UE y cada uno de los PSEM, que son los que realmente
constituyen instrumentos jurídicamente vinculantes de aplicación
de lo acordado. El proceso de negociación y ratificación
de estos acuerdos ha resultado sumamente lento y accidentado, hasta el
punto de que a diciembre del año 2000 tan sólo han entrado
en vigor los Acuerdos con Túnez (desde marzo de 1998) y Marruecos
(desde marzo de 2000), además de los muy especiales con la Autoridad
Palestina (un acuerdo provisional desde julio de 1997) e Israel (junio
de 2000), estando pendiente de ratificación desde noviembre de
1997 el Acuerdo ya firmado con Jordania, mientras que el Acuerdo con Egipto,
aunque supuestamente ya ha sido negociado y redactado, lleva año
y medio pendiente de su firma. Con Siria, Líbano y Argelia, las
negociaciones o no han comenzado o se encuentran estancadas . Aunque la
Declaración de Barcelona se refería a una Zona de Libre
Comercio Euromediterránea, este marco institucional hace que lo
que realmente vaya a crearse -en su caso- sea una serie de Zonas de Libre
Comercio bimultilaterales entre la Unión Europea y cada uno de
los países del Sur del Mediterráneo, lo que favorece la
consolidación de la pauta tradicional de relaciones comerciales
verticales Norte-Sur y no fomenta en modo alguno un reforzamiento de las
relaciones Sur-Sur, sino más bien la competencia entre estos países
por obtener preferencias.
4. El carácter multidimensional e integral del proceso de Barcelona
ha quedado en entredicho por la segregación de hecho de los tres
ejes que lo articulan, de modo que las relaciones e interacciones entre
el diálogo social y cultural, los intercambios económicos
y el diálogo político prácticamente no existen, planteando
de este modo la cuestión de la coherencia entre ellos. Es más,
dado que la dimensión económica y financiera es la única
definida en términos detallados, sujeta a plazos y compromisos
cuantitativos concretos, se vuelve a caer precisamente en el vicio que
se pretendía evitar, el del economicismo. En la práctica,
la distribución de los fondos MEDA y el desmantelamiento de los
aranceles de acuerdo con el calendario de creación de una zona
de libre comercio son los dos únicos compromisos concretos cuya
ejecución avanza, por lo que se han convertido en la piedra angular
de toda la Asociación, sino en su único contenido.
5. Pero tal vez la debilidad más flagrante de la Asociación
Euromediterránea sea la manifiesta contradicción entre las
declaraciones y propósitos de la UE (la diplomacia declaratoria
europea es brillante e ilustrada) y sus acciones, el desfase entre las
ambiciones expresadas y el comportamiento real de los actores y los medios
de que se dota. Esta contradicción tiene su origen en la diversidad
de intereses en el Mediterráneo que conviven dentro de la propia
UE entre los diferentes actores que influyen en su política (países
del Norte y del Centro de Europa escasamente interesados en el Mediterráneo
y países mediterráneos; ministros de Economía por
un lado, ministros de Exteriores por otro y ministros de Interior por
otro , Comisión Europea y Consejos de Ministros; grandes empresas
y organizaciones no gubernamentales) y, lo que es aun más preocupante,
la contradicción entre algunos de esos intereses: por un lado,
promover los derechos humanos y la democracia (lo que se ha convertido
en el leit motif de la acción exterior de la UE, que aspira a erigirse
como potencia civil en el mundo), pero por otro la obsesión por
la estabilidad y la contención del islamismo, que pone el énfasis
en apuntalar los actuales regímenes políticos y mirar a
otro lado ante las violaciones de los derechos humanos y sociales siempre
que se demuestren capaces de poner coto a cualquier manifestación
de inestabilidad social o política, aunque proceda de movimientos
populares capaces de alentar cambios democratizadores; por un lado, la
reacción defensiva ante las percepciones de invasión u oleada
de inmigrantes del Norte de África, que aconseja promover un desarrollo
genuino en esos países para reducir las presiones migratorias y,
por otro, la voluntad mercantilista de capturar los mercados de esos países
para las empresas europeas, que se traduce en la prioridad de la apertura
de mercados, la liberalización y la privatización como condición
más o menos expresa para cualquier forma de cooperación,
independientemente de sus costes sociales; por un lado, la necesidad imperiosa
de asumir un papel más activo en la resolución de los conflictos
de esta región estratégicamente crucial para la UE (que,
con cerca de ocho millones de inmigrantes del Norte de África y
Oriente Medio, sufre directamente cualquier fenómeno desestabilizador
en la zona), y, por otro, la penuria de medios y, sobre todo, la inexistencia
de unos intereses comunes bien definidos entre las potencias europeas
en la zona; por un lado, el deseo de asumir un papel hegemónico
en su periferia inmediata, integrando el Mediterráneo Sur en su
esfera de influencia, y, por otro, una cierta dejación ante el
tradicional papel dominante de Estados Unidos.
En el caso de los propios países mediterráneos de la UE,
existe una contradicción entre su posición objetiva como
primeros interesados en impulsar un auténtico proceso de desarrollo
en la ribera sur del Mediterráneo y primeros afectados por sus
problemas y la percepción de esos mismos países como competidores
potencialmente peligrosos para algunos de sus sectores económicos
más competitivos (agricultura, pesca, textiles, etc.) . Por lo
demás, estas contradicciones vienen a añadirse al que seguramente
sea el principal problema de la Asociación Euromediterránea,
que es el bajo grado de prioridad del Mediterráneo para una Unión
Europea absorbida por los formidables retos de la transición al
euro, la reforma institucional y, en materia exterior, la ampliación
al Este y la intervención en los Balcanes, que compiten directamente
por los mismos recursos y capacidades institucionales -muy limitados-
que los países mediterráneos.
Todo ello se ha combinado para dar lugar a una hipertrofia de los elementos
económicos de la Asociación (objeto de medidas concretas,
compromisos vinculantes y plazos bien definidos en la Declaración
de Barcelona y los Acuerdos de Asociación suscritos con posterioridad,
y que movilizan en la Unión Europea intereses empresariales e institucionales
perfectamente articulados) en detrimento de los aspectos políticos
y culturales (ámbito en el que los compromisos son mucho más
ambiguos y los intereses están menos decantados o responden a "intereses
nacionales" y no a grupos de presión organizados concretos).
Más ajuste estructural
Esta reducción
de la Asociación Euromediterránea a su componente económico
deja al desnudo el papel esencial de esta Asociación como instrumento
al servicio de los intereses estratégicos comunitarios en el marco
del proceso de globalización y de la política de bloques.
Como se verá en este artículo, la Asociación Euromediterránea
antepone la inserción de los PSEM en los mercados internacionales
(en los que entran con las cartas trucadas, pues se les impide "jugar
sus triunfos", al mantener la protección de los mercados agrícolas
europeos y endurecer las restricciones a la libre circulación de
personas, precisamente los dos principales recursos productivos de los
países en desarrollo) frente al objetivo de impulsar su desarrollo,
que, en el mejor de los casos, será un subproducto de aquel proceso.
De hecho, la dimensión económica y financiera de la Asociación
Euromediterránea es muy poco original, y reincide en un binomio
muy familiar para todo aquel que haya seguido la evolución del
proyecto económico auspiciado por la comunidad internacional -eufemismo
que engloba a los países desarrollados más poderosos, las
instituciones financieras internacionales y las grandes empresas multinacionales-
para los países en desarrollo: apertura externa y ajuste estructural
interno como condición para recibir cualquier transferencia financiera,
relegando al limbo de lo inviable cualquier estrategia de desarrollo basada
en la potenciación del mercado interno y el papel del Estado.
En cierta manera, la Asociación Euromediterránea y, muy
particularmente, la Zona de Libre Comercio Euromediterránea constituyen
el corolario lógico de la política de ajuste estructural
que los países desarrollados vienen imponiendo desde hace más
de quince años a todos los países de la región sin
excepción. De hecho, nada resulta más significativo a este
respecto que la cifra del 15% de los fondos MEDA expresamente reservados
para financiar los presupuestos estatales de los PSEM en apoyo de los
programas de ajuste estructural acordados, precisamente, con el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial. Otro 30% de los compromisos
financieros adquiridos se corresponde a cooperación económica
"destinada a crear un entorno favorable para el desarrollo del sector
privado", es decir, la extensión de los mercados. En cambio,
los fondos destinados a "atenuar los efectos negativos a corto plazo
de la transición económica", es decir, a fines sociales,
son sólo del 29%, con el resto destinado a proyectos de medio ambiente
(7%), desarrollo rural (4,5%) y proyectos de cooperación regional
(14%).
Si hiciera
falta corroborar la orientación política neoliberal de la
Asociación, el propio contenido de los compromisos que asumen la
PSEM con objeto de "facilitar la progresiva creación de esta
zona de libre comercio" resulta absolutamente explícito: "el
mantenimiento y desarrollo de políticas fundadas en los principios
de la economía de mercado y en la integración [en los mercados
internacionales] de sus economías" y "la adaptación
y la modernización de sus estructuras económicas y sociales,
dando prioridad a la promoción y desarrollo del sector privado".
Todo un programa ortodoxo de ajuste, liberalización y privatización.
En la práctica, la Zona de Libre Comercio Euromediterráneo
acelera el proceso de liberalización y apertura de las economías
de los PSEM, un proceso que, en todo caso, era ya irreversible en la mayoría
de ellos.
Con estas premisas, parece natural que el impacto económico y social
de la zona de libre comercio sea análogo al que han tenido los
programas de ajuste estructural en la última década y media:
encarecimiento de los productos básicos, reducción del margen
de maniobra para aplicar políticas autónomas y responder
a las necesidades sociales mediante la orientación del gasto público
como consecuencia de la absoluta prioridad de la reducción del
déficit del Estado, destrucción de empleo (si bien mientras
que las políticas de ajuste de los ochenta y noventa provocaron
despidos masivos en los sectores públicos de los PSEM como consecuencia
de las privatizaciones y la reducción del gasto público,
en el caso de la Zona de Libre Comercio Euromediterráneo los despidos
se concentrarán en el sector privado, en la medida en que muchas
empresas no serán capaces de sobrevivir a la competencia de los
productos europeos), dualización de la sociedad entre unas elites
privilegiadas e integradas en las pautas de consumo occidentales y un
pequeño sector moderno y competitivo, por un lado, y la mayoría
de la población marginada de toda oportunidad económica,
por otro.
No sería de sorprender, por ello, que las consecuencias de la Zona
de Libre Comercio fueran también análogas a las de las políticas
de ajuste: aumento del desempleo y deterioro de las condiciones de vida,
con el consiguiente aumento de las presiones migratorias, y creciente
descontento entre la población, deslegitimación del sistema
económico capitalista y de las estructuras democráticas
formales, con la explosión periódica de revueltas "del
hambre" y el auge del islamismo como única alternativa real
a unos regímenes enrocados en la represión.
Se configura, de este modo, una condicionalidad económica que llega
a formularse expresamente al establecer, precisamente dentro del capítulo
correspondiente a la cooperación financiera, la "importancia
fundamental" de "contar con una correcta gestión macroeconómica
para que la colaboración tenga éxito". En cambio, esta
condicionalidad económica no tiene su correlato en ningún
tipo de condicionalidad política: por más que en la propias
Declaración de Barcelona y en el artículo 2 de todos los
Acuerdos de Asociación se haga referencia expresa al respeto de
los derechos humanos y a los principios democráticos como un "elemento
esencial" de la Asociación, lo cierto es que un somero repaso
a la situación de los derechos humanos en los PSEM pone en evidencia
que la libertad de expresión, el derecho de asociación y
las libertades fundamentales apenas han mejorado en los últimos
cinco años, y que la UE se ha mostrado exquisita en evitar incluso
la más mínima crítica -y menos aun el espectro de
una suspensión de la cooperación, tal como contemplan los
Acuerdos de Asociación- a los gobiernos de estos países,
alegando su fragilidad y la necesidad de no introducir nuevos elementos
de inestabilidad, pero contribuyendo en la práctica a reforzar
el statu quo e incluso dando legitimidad a los regímenes existentes
en detrimento de eventuales procesos de democratización.
En definitiva, no se perciben en el proyecto económico europeo
para el Mediterráneo los elementos de una nueva vía al desarrollo,
sino más bien mecanismos que tienden a reforzar las relaciones
económicas clásicas entre Norte y Sur: intercambio de materias
primas y productos manufacturados estandarizados de bajo valor añadido
por productos industriales y bienes de equipo; dependencia financiera
(tanto bajo la forma de créditos como en forma de ayuda oficial
al desarrollo), y flujos migratorios compensatorios.
Dinámica de flujos
Con el fin de evaluar en qué medida este proyecto está contribuyendo o puede contribuir a hacer frente a las necesidades de desarrollo de los países del Sur y del Este del Mediterráneo, un enfoque práctico sumamente útil consiste en analizar la "dinámica de flujos" financieros que ha generado, es decir, desagregar su impacto en los efectos que ha tenido sobre las principales rúbricas de "recursos para el desarrollo" o fuentes externas de acumulación y financiación en la economía de un país en desarrollo: la balanza comercial (ingresos de divisas por exportaciones menos importaciones), las transferencias al exterior derivadas del servicio de la deuda externa (devolución del capital más intereses), la aportación neta de los inversores extranjeros y las donaciones recibidas en forma de cooperación oficial al desarrollo. Es decir, analizar el impacto de la Asociación Euromediterránea sobre el comercio, la deuda externa, la inversión extranjera y la ayuda. Las conclusiones no pueden ser más decepcionantes, pues arrojan como resultado un volumen de transferencias netas de recursos desde los PSEM hacia los países de la UE próximo a los 30.000 millones de dólares anuales. Dicho de otro modo, en términos de flujos financieros son los PSEM los que están contribuyendo a financiar el desarrollo de los países europeos en detrimento de su propio desarrollo, y no al revés.
Comercio
En conjunto, la UE sigue teniendo un superávit comercial con los
países del Norte de África y Oriente Medio próximo
a los 20.000 millones de dólares anuales, mayor que con cualquier
otra región del mundo, sobre un volumen de intercambios totales
que se aproxima a los 100.000 millones de dólares (en 1996, las
exportaciones europeas ascendieron a 56.884 millones de euros, frente
a unas importaciones de 35.496 millones de euros), y ello pese a la fuerte
dependencia europea de las importaciones de petróleo y -cada vez
más- de gas de la región. Se trata de un superávit
que está destinado a aumentar a medida que los PSEM eliminen sus
aranceles hacia los productos industriales europeos y que reviste mayor
importancia aun si se tiene en cuenta que la UE representa, para los PSEM,
más de la mitad de su comercio exterior (en algunos casos, estas
cifras superan el 60%), mientras que el comercio con los países
del Norte de África y Oriente Medio es absolutamente marginal para
los países europeos (menos del 5% de sus intercambios exteriores),
lo que completa la imagen de dependencia.
Un aspecto particularmente lacerante de este desequilibrio lo constituye
la dependencia de los PSEM respecto de las importaciones europeas de productos
agrícolas como cereales, productos lácteos, azúcar,
carne, y aceites y grasas. Y es particularmente lacerante porque precisamente
la agricultura, que es uno de los escasos sectores en los que países
como Marruecos, Egipto, Turquía y en menor medida otros países
como Túnez podrían ser competitivos e incrementar sensiblemente
sus exportaciones a la Unión Europea, quedó expresamente
excluida de la Zona de Libre Comercio Euromediterránea, aplazándose
su eventual -y en todo caso gradual- apertura a unas futuras negociaciones
que, según los Acuerdos de Asociación con Marruecos y con
Túnez, deberían empezar en el año 2000 pero cuya
concreción no se vislumbra en el horizonte . Así pues, en
el único sector en el que la Unión Europea podría
sufrir unos ciertos "costes sociales" como consecuencia de la
creación de la Zona de Libre Comercio, y pese a la existencia de
una balanza comercial agrícola globalmente favorable a la Unión
Europea, se protegen los mercados europeos frente a unos una producción
agrícola que, en cualquier caso, salvo en productos muy concretos,
difícilmente podría suponer una amenaza demasiado grave
para la agricultura europea .
Con la exclusión de la agricultura, la Zona de Libre Comercio se
perfila como un proceso de apertura unilateral y sin más contrapartida
que los fondos MEDA de los mercados de los países en desarrollo
del Sur del Mediterráneo, pues en la práctica el acceso
libre de aranceles de los productos manufacturados de estos países
a los mercados europeos es una realidad ya desde la anterior generación
de Acuerdos de Asociación preferenciales firmados en los años
setenta.
Todo ello hace que la dimensión económica de la Asociación
Euromediterránea se configure, en contra de la propia retórica
que la rodea, como un proyecto económico que fomenta la ayuda oficial
al desarrollo y no el comercio como instrumento de desarrollo, cuando
precisamente el gran lema propugnado por los adalides de la globalización
para los países en desarrollo y recogido en la filosofía
oficial sobre la Asociación Euromediterránea es "comercio,
no ayuda".
Deuda
La Declaración de Barcelona era muy escueta sobre el problema de
la deuda, limitándose a "reconocer los problemas que puede
acarrear (...) para el desarrollo económico de los países
mediterráneos" y a acordar "continuar los debates sobre
la material con el fin de lograr avances en los foros competentes",
es decir, inhibiéndose por completo sobre esta cuestión.
Sin embargo, la deuda externa (su volumen total en la región se
estima en 160.000 millones de dólares, con una tendencia aparentemente
irrefrenable a aumentar, lo que se traduce en unas transferencias anuales
netas de recursos financieros hacia el Norte próximas a los 19.000
millones de dólares anuales) sigue drenando un ingente volumen
de recursos de estas economías y, lo que tal vez sea más
grave, obligando a los gobiernos de estos países a someter sus
políticas económicas al dictado de los acreedores internacionales,
que en una proporción muy importante -como media, un 60%- son los
mismos Estados europeos que han firmado la Asociación Euromediterránea.
El servicio de la deuda absorbe un porcentaje de los ingresos por exportaciones
que en la mayoría de los casos supera al 20% y en varios países
representa una mayor proporción del gasto del Estado que los gastos
sociales en educación y sanidad. Hasta ahora, las iniciativas de
conversión de deuda en inversiones auspiciadas por algunos países
europeos en la zona han sido marginales con respecto al volumen total
de la deuda y han servido más bien para transferir a precios de
saldo activos públicos en sectores con altas perspectivas de rentabilidad,
y no para canalizar recursos hacia fines sociales, infraestructuras o
formación del capital humano, que constituyen las grandes necesidades
de los PSEM para hacer frente con ciertas garantías a los enormes
desafíos que plantea la Zona de Libre Comercio Euromediterránea.
Inversión
extranjera
Los participantes en la Conferencia de Barcelona manifestaron su reconocimiento
de que el desarrollo económico debe ser respaldado tanto por el
ahorro interno (lo que, dicho sea de paso, requeriría poner fin
a la fuga de capitales protagonizada precisamente por las elites económicas
y políticas que negocian en nombre de sus países acuerdos
internacionales como la Asociación Euromediterránea) como
por las inversiones extranjeras directas. De hecho, hay quienes señalan
que una de las principales motivaciones de algunos de los PSEM para asumir
los compromisos de la Asociación Euromediterránea consistió
precisamente en atraer inversión extranjera, lo que esperaban conseguir
gracias al anclaje de las reformas económicas que aseguraba la
asunción de nuevos compromisos multilaterales, consolidando así
la credibilidad de sus políticas económicas. De este modo,
la configuración de un marco regulatorio y fiscal favorable para
la inversión (es decir, abierto y liberalizado) se convirtió
en uno de los vectores claves de la Asociación Euromediterránea.
Además, todas las estimaciones del impacto de la Zona de Libre
Comercio coinciden en señalar el papel crucial de un aumento significativo
de la inversión extranjera para que la apertura de los mercados
manufactureros de los PSEM induzca realmente una modernización
de las estructuras productivas y un aumento de la competitividad, y no
se limite a desmantelar el escaso tejido industrial y empresarial existente;
además, el flujo de divisas de la inversión extranjera es
imprescindible para compensar el previsible deterioro de la balanza comercia
y ampliar la base fiscal y, por tanto, los ingresos del Estado. Es más,
la inversión extranjera reviste una importancia fundamental también
desde un punto de vista político, ya que su afluencia contribuirá
a legitimar un proceso de transición económica cuyos costes
sociales podrían, de lo contrario, hacerlo inviable sin graves
disturbios sociales.
Y, sin embargo, la inversión extranjera no ha estado a la altura
de las expectativas: su volumen total se ha estancado en torno a los 5.000
millones de dólares anuales para toda la región, mientras
que en otras áreas del mundo aumentaba exponencialmente. Ello tiene
varios motivos:
1. La irrupción en los mercados internacionales de los países
de Europa Central y Oriental, con una mano de obra más cualificada
y a menudo más barata, un entorno institucional más moderno
y liberalizado y mayor afinidad cultural con los países occidentales
que los PSEM, ha deterioro la posición relativa de éstos
ante los inversores extranjeros.
2. La Asociación Euromediterránea, a diferencia de otras
Zonas de Libre Comercio (como la NAFTA, por ejemplo), no ofrece a los
inversores ninguna nueva ventaja o incentivo para invertir en los países
en desarrollo -nuevos mercados, nuevos incentivos fiscales o nuevas condiciones
financieras-, sino más bien lo contrario, ya que gracias a la creación
de la ZLC será posible acceder a todos los mercados de la región
desde los países de la UE, mientras que, en tanto no se establezcan
acuerdos horizontales de libre comercio entre los PSEM, desde cada uno
de ellos tan sólo se podrá acceder a los mercados de la
UE (algo que ya sucedía antes), pero no a los de los demás
países del sur del Mediterráneo.
3. La Asociación Euromediterránea no incluye ninguna medida
concreta para facilitar la inversión extranjera en los PSEM y,
en particular, no hace nada por eliminar la desconfianza cultural y el
temor -en buena parte fundado- a la inestabilidad política en estos
países.
Ayuda
al desarrollo
El proteccionismo agrícola indiscriminado de la UE, las reticencias
de la inversión extranjera y la inhibición en el problema
de la deuda externa hacen que la única fuente de recursos para
el desarrollo real en el marco de la Asociación Euromediterránea
sea la ayuda oficial al desarrollo, denominada en este caso fondos MEDA.
Frente a los 7.000 millones de euros propuestos por la Comisión
inicialmente en 1995 para el período 1995-1999 (aun reconociendo
que ni mucho menos cubrían las necesidades sociales y económicas
de estos países), el Consejo de Ministros los redujo a 4.600 millones,
de los cuales sólo 3.435 eran recursos nuevos (el resto provenía
de fondos no utilizados de los protocolos financieros vigentes correspondientes
a anteriores Acuerdos de Asociación). El reparto de estos fondos
preveía un 14% para proyectos de cooperación regional y
el resto para acciones bilaterales en cada país, de modo que Marruecos
y Egipto eran los países que en principio tenían asignado
un mayor porcentaje (19% y 20%, respectivamente), seguidos de Túnez
(12%), Turquía (11%) y Jordania (7,4%) .
Para hacerse una idea de la magnitud de estos fondos, baste indicar que
representan alrededor del 0,4% del Producto Interior Bruto de los PSEM,
o unos 4,1 euros por persona y año en unos países abrumados
por la falta de infraestructuras sociales, el desempleo y la pobreza.
Para poner en perspectiva estas cifras, el volumen de transferencias de
la Unión Europea a los países de Europa Central y Oriental
asciende a 12,2 euros por habitante y año (casi tres veces más),
mientras que los propios países mediterráneos de la Unión
Europea llevan más de un lustro recibiendo unas transferencias
netas del presupuesto comunitario (sobre todo, en forma de fondos estructurales
y ayudas agrícolas) muy superiores (1% del PIB en España,
2,7% en Portugal y 3,7% en el caso de Grecia).
Pero la exigüidad de estos fondos comprometidos se ha visto agravada
por la incapacidad de las instituciones comunitarias y los Estados asociados
para generar proyectos y ejecutar las partidas asignadas en los presupuestos,
de modo que el volumen de fondos efectivamente desembolsados (pagos) apenas
ha alcanzado el 26% de los fondos comprometidos, debido por un lado a
la lentitud de la burocracia administrativa de Bruselas y, por otro, a
la escasa capacidad de absorción de las Administraciones públicas
de los PSEM (si bien no debe olvidarse que esta capacidad de absorción
es una variable que puede mejorarse si existe una verdadera voluntad de
hacerlo, por ejemplo mediante medidas de fortalecimiento institucional,
cursos de formación para funcionarios, asistencia en la identificación
de proyectos, etc.). Como indicio del problema real que se oculta detrás
de estas cifras desesperanzadoras, cabe señalar que durante el
año 2000 en dos ocasiones el Consejo de Ministros de la Unión
Europea aprobó transferencias presupuestarias desde los fondos
MEDA hacia los fondos de cooperación en los Balcanes, primero en
Kosovo y luego en Serbia. En todo caso, si a los fondos MEDA se les suman
los programas de ayuda bilaterales de los países europeos en el
Mediterráneo, estamos ante un volumen anual de transferencias que
apenas llega a los 2.000 millones de dólares anuales.
Los fondos adicionales puestos a disposición de los PSEM por el
Banco Europeo de Inversiones (otros 4.600 millones de euros) para financiación
de grandes proyectos de infraestructura y de medio ambiente apenas han
sido utilizados por tratarse de créditos en condiciones prácticamente
de mercado que no harían sino agravar el problema de la deuda externa.
Costes y beneficios de la ZLC
En cuanto
al elemento central del proyecto económico de la Asociación
Euromediterránea, la lógica de la Zona de Libre Comercio
(ZLC) está basada en el siguiente razonamiento: la eliminación
de la protección de los sectores industriales de los PSEM y la
apertura de sus mercados incrementará la competencia para las empresas
locales y les obligarán a incrementar su productividad para ser
más competitivas, contribuyendo a la modernización y el
progreso tecnológico de toda la economía. Además,
la entrada de bienes de consumo y bienes de equipo extranjeros más
baratos beneficiará a los consumidores y reducirá los costes
de producción de las empresas, creando un aumento de bienestar
en el conjunto de la economía. Por otro lado, el nuevo entorno
económico favorecerá el establecimiento de empresas extranjeras
que transferirán tecnología y nuevas formas de organización
y actuarán como polos de desarrollo en sus respectivos sectores.
Como ejemplos a seguir, sorprende la frecuencia con la que se mencionan
los casos de España y Portugal y su adhesión en la Comunidad
Económica Europea en la segunda mitad de los años ochenta,
que supuso una rápida apertura de sus economías y la integración
en el mercado único y que desencadenó, pese a conllevar
unos costes de transición nada despreciables, un proceso de modernización
y convergencia real con el resto de los países europeos que les
ha permitido integrarse plenamente en el mundo desarrollado. Sin embargo,
al efectuar este tipo de comparaciones se obvian algunas diferencias que
seguramente revisten una importancia determinante: España y Portugal
se incorporaron a la Comunidad Europea como miembros de pleno derecho,
lo que les permitió participar en la toma de decisiones y en la
definición de las políticas comunes: de hecho, el proyecto
de integración europea, pese a las críticas que pueda merecer,
es mucho más que un simple proyecto de integración de mercados;
de forma simultánea a su integración en el espacio económico
común de la UE, España y Portugal implantaron Estados de
Bienestar incompletos, pero mucho más avanzados de los que habían
conocido hasta entonces, lo que permitió amortiguar los costes
sociales de la integración y, sobre todo, legitimar los esfuerzos
de ajuste al nuevo entorno hipercompetitivo; tanto España como
Portugal, y muy particularmente sus regiones más atrasadas, se
han beneficiado desde 1993 de un ingente volumen de transferencias comunitarias
para inversiones en infraestructuras, medio ambiente, formación,
etc., que han supuesto una importante inyección de recursos; por
último, tanto Portugal como España recibieron, inmediatamente
antes e inmediatamente después de su adhesión a la Unión
Europea, un volumen de inversiones extranjeras que no tienen parangón
en el Norte de África y Oriente Medio (de hecho, toda la región,
excluida Israel, recibe anualmente menos inversiones que Portugal por
sí solo).
Sin embargo, incluso si se admite la lógica económica de
la Zona de Libre Comercio, no es posible ignorar que la transición
económica generará unos costes de ajuste que pueden exceder,
al menos a corto plazo, los beneficios de la Asociación, siquiera
para amplios segmentos de la población. En primer lugar, los PSEM
son muy vulnerables a la eliminación de los aranceles, que constituyen
una parte importante de sus ingresos fiscales (entre el 13% de Egipto
y más del 25% de Túnez). Puesto que las importaciones de
estos países están muy concentradas en los países
europeos, entre una y dos terceras partes de esos ingresos desaparecerán
a medida que se cree la Zona de Libre Comercio, reduciendo la capacidad
financiera del Estado precisamente en un período en el que los
propios efectos de la apertura comercial harán aumentar las necesidades
de gasto social y de inversiones en infraestructuras.
Además, la intensificación de la competencia de los productos
europeos obligará a muchas empresas a cerrar (los estudios referidos
a uno de los países más competitivos de la región,
como es Túnez, indican que hasta un 60% de la producción
industrial puede verse amenazada por la apertura) y a otras a reducir
sus plantillas para ganar productividad y adaptarse así al nuevo
entorno más competitivo: tanto en uno como en otro caso el resultado
será un aumento del desempleo en unos países que se encuentran
en pleno boom demográfico (aproximadamente el 70% de la población
tiene menos de 30 años) y son incapaces ya de crear empleo al ritmo
que este boom exige (las tasas de desempleo no son en ningún caso
inferiores al 11% y en un país como Argelia llega al 29%).
Por otro lado, nadie discute que, al menos a corto plazo, la apertura
unilateral de sus mercados conllevará un deterioro de la balanza
comercial que obligará a los PSEM a incrementar su endeudamiento
externo y seguramente a devaluar una y otra vez sus monedas, lo que encarecerá
los precios -ahora liberalizados- de los bienes de consumo básicos
-cereales, productos farmacéuticos, productos lácteos- de
cuyas importaciones dependen estructuralmente. Esto acarreará un
deterioro de las condiciones de vida y un aumento de la pobreza que, unidos
al aumento del desempleo, intensificarán las presiones migratorias
que precisamente se pretendían reducir con el proyecto de Asociación
Euromediterránea.
En todo caso, lo que parece seguro es que la ZLC euromediterránea
tendrá unos efectos negativos ciertos a corto plazo, mientras que
los eventuales efectos positivos se harán esperar años,
si no lustros, y son más inciertos. En estas condiciones, parece
evidente que la apertura de mercados de los PSEM impuesta en el marco
de la Asociación Euromediterránea se configura más
como una restricción externa de su economía (en la medida
en que los precios de mercado vienen impuestos por los precios internacionales)
que como una fuente de desarrollo (pues no contempla mecanismos que les
permita construir y reforzar sus ventajas comparativas).
Perspectivas y alternativas
A juzgar
por lo sucedido en la Conferencia de Marsella (cuarta Conferencia a nivel
de ministros de Asuntos Exteriores desde Barcelona), las perspectivas
de la Asociación Euromediterránea no son nada halagüeñas.
La Conferencia de Marsella estuvo a punto de suspenderse como consecuencia
de la reanudación de los enfrentamientos violentos en Palestina,
y aunque finalmente se celebró fue con la ausencia de dos de los
socios, Siria y Líbano, que se negaron a compartir de nuevo mesa
de negociación con Israel y pusieron en evidencia el carácter
subordinado del proceso de Barcelona con respecto al proceso de paz en
Oriente Medio. De hecho, el conflicto israelo-palestino mediatizó
toda la reunión, cuyo único resultado concreto fue dar carácter
oficial a algo que ya se sabía desde algunas semanas antes, pues
había sido acordado en el seno del Consejo de Ministros de la UE:
el aumento del paquete financiero MEDA II (2000-2006) a 5.350 millones
de euros. Lo que no está del todo claro a estas alturas es si esta
cifra corresponde a fondos nuevos o incluye el remanente acumulado de
los fondos MEDA I no distribuidos hasta 1999, en cuyo caso estaríamos
ante una reducción significativa de las transferencias a estos
países .
Sea como fuere, nada de lo que sucedió en Marsella contradijo la
impresión, cada vez más nítida, de que la Asociación
Euromediterránea se está banalizando, evolucionando hacia
una versión actualizada del tipo de cooperación al desarrollo
que la UE viene ensayando sin éxito desde 1975 en el marco de los
sucesivos Convenios de Lomé firmados con los países de Africa,
el Caribe y el Pacífico. Curiosamente, también este marco
de cooperación ostenta el título de partenariado (Asociación)
y aborda de manera global en el marco de un gran Acuerdo (los Convenios
de Lomé) todos los aspectos de la cooperación, incluida
desde 1995 una cláusula referida a los derechos humanos y la democracia
cuya efectividad ha sido bastante limitada hasta ahora. Precisamente,
tras cinco lustros debatiéndose por encontrar la "llave del
desarrollo" mediante distintas fórmulas de cooperación
el Convenio de Lomé ha sido oficialmente liquidado mediante el
Acuerdo de Cotonou firmado en junio de 2000 en Benin, en el que se prevé
la negociación de nuevos acuerdos comerciales en un plazo máximo
de ocho años (hasta el 2008) que, tras una etapa transitoria de
no más de doce años de duración, dé paso a
una serie de zonas de libre comercio con diferentes subgrupos de países
agrupados en función de su nivel de desarrollo.
Esta pérdida de relevancia de la Asociación Euromediterránea
se ve confirmada por la evolución de algunas políticas comunitarias
directamente relevantes para las relaciones entre el Norte y el Sur del
Mediterráneo pero que se está produciendo completamente
al margen de la Asociación. Es lo que sucede, por ejemplo, con
las perspectivas de apertura de los mercados agrícolas europeos,
que a pesar de ser un asunto vital para algunos países del Norte
de Africa y para sus esperanzas de desarrollo se negocia exclusivamente
en el marco de la Organización Mundial de Comercio (además,
el estrepitoso fracaso de la Ronda del Milenio que pretendía lanzarse
en noviembre de 1999 ha retrasado cualquier perspectiva de avance en este
terreno). La liberalización comercial multilateral acordada en
la anterior Ronda Uruguay en 1994 también tiene efectos negativos
para los países mediterráneos en el sector textil, uno de
los escasos sectores manufactureros en los cuales los PSEM han conseguido
ser competitivos: el desmantelamiento del Acuerdo Multifibras -que se
completará en el 2004- erosiona, por no decir elimina, el acceso
preferencial de los productos textiles mediterráneos a los mercados
europeos, en los que ahora deberán hacer frente, sin compensación
alguna, a la competencia de países en desarrollo con costes laborales
unitarios mucho menores.
Pero es lo que sucede también con la nueva política común
de inmigración de la Unión Europea que los Estados miembros
se comprometieron a definir e instrumentar en un plazo de cinco años
en el Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999: mientras que por
un lado Europa se dispone a definir de forma completamente unilateral
una política de inmigración que todo apunta que va a ser
restrictiva , en el marco de la Asociación Euromediterránea
apenas se hace mención alguna a este fenómeno, si se exceptúa
la imposición, en los Acuerdos de Asociación, de una cláusula
de readmisión de los inmigrantes ilegales a sus países de
origen. Precisamente, la falta de acuerdo sobre la libre circulación
de personas y la concesión de visados se ha convertido en el principal
obstáculo para las negociaciones del futuro Acuerdo de Asociación
entre la UE y Argelia, que van ya por su novena ronda negociadora.
En todo caso, resulta evidente que cualquier proyecto que pretenda seriamente
crear un área de prosperidad y de seguridad compartidas -o, lo
que viene a ser una condición previa, afrontar las necesidades
de desarrollo de los PSEM- debe afrontar, al menos, los siguientes problemas:
a) La eliminación gradual pero inmediata de la protección
de los mercados agrícolas europeos, con las consiguientes medidas
de compensación y reestructuración a los sectores comunitarios
afectados, como una contribución decisiva al desarrollo de algunos
de los países de la ribera sur del Mediterráneo, que verían
incrementarse sus ingresos de divisas por exportaciones y aumentar su
capacidad de generación de empleo, en la medida en que la agricultura
es una actividad muy intensiva en mano de obra.
b) La integración radial Norte-Sur (con la UE como eje central)
que encarna la Asociación Euromediterránea consolida las
relaciones de dependencia, y debe complementarse con procesos de asociación
e integración económica horizontal entre los propios PSEM,
si no a nivel de toda la región, al menos a nivel subregional (resucitar
la Unión del Maghreb Arabe y relanzar la integración en
el Maschrek), que les permita adquirir una masa económica crítica
para atraer la inversión extranjera, estimular la producción
local y encontrar soluciones conjuntas y complementarias a los problemas
comunes. Los obstáculos políticos que hasta ahora lo han
impedido pueden superarse con la ayuda -y la presión si es necesario--
de los recursos europeos, no sólo de carácter financiero,
sino también en materia de experiencia en la solución de
conflictos y en la gestión de políticas comunes. Pero es
necesaria una fuerte voluntad política para ello.
c) La conversión de la deuda externa de una restricción
al desarrollo y una fuente de transferencias netas de recursos a los países
desarrollados en un instrumento de convergencia que canalice esos recursos
hacia fines sociales, infraestructuras, desarrollo rural y potenciación
del capital humano.
d) El aumento sustancial de las transferencias de recursos de los países
europeos a los PSEM, lo que supondría admitir la insuficiencia
del techo del 10% del presupuesto de la UE para acciones exteriores impuesto
en el Consejo Europeo de Berlín de 1998 para el período
2000-2007.
e) Colocar al ser humano, a las personas y no a las mercancías
y los capitales, en el centro de la Asociación, potenciando los
intercambios culturales y sociales como un elemento clave de la Asociación
y la superación de la desconfianza mutua como prioridad absoluta.
Aunque hoy por hoy la libre circulación de trabajadores entre el
Sur y el Norte del Mediterráneo es un tanto ilusoria, al menos
la eliminación de las trabas burocráticas degradantes en
la concesión de visados de corta duración constituye un
requisito previo para permitir los intercambios "humanos" que
han de estar en la base de cualquier verdadera Asociación.
En todo caso, dejando a un lado la demostración de impotencia que
supone el hecho de que la Asociación Euromediterránea no
haya diseñado una estrategia para hacer frente a estos desafíos
bien conocidos, raya en la hipocresía ofrecer a los países
en desarrollo del Mediterráneo una formula de integración
que la propia historia de la UE ha demostrado inoperante: en efecto, tras
treinta años de "integración negativa" en la Comunidad
Económica Europea, en la que el proyecto de integración
se centró sobre todo en la eliminación de las barreras arancelarias
a los intercambios, a partir de 1985 los países europeos llegaron
a la conclusión de que si querían garantizar la creación
de un auténtico espacio económico común que fomentara
la convergencia económica entre sus miembros y, por ende, la prosperidad
compartida, era necesario adoptar un enfoque de "integración
positiva" que implicara no sólo la eliminación de barreras
arancelarias, sino un ambicioso programa de armonización legislativa
y normativa (en eso consistió básicamente el programa de
creación del mercado único para 1993), las condiciones para
una estabilidad monetaria (que ha desembocado en la creación de
una moneda común en 1999) y, no menos importante, la solidaridad
interregional bajo la forma de la transferencia de recursos, a través
del presupuesto común, desde las regiones más prósperas
a las más retrasadas (los llamados Fondos Estructurales y el Fondo
de Cohesión) y -a partir de 1997- los primeros atisbos de una política
social y de empleo. Precisamente ese modelo de integración profunda
es el que se está siguiendo en el caso de los países de
Europa Central y Oriental candidatos a integrarse plenamente en la UE,
mientras que en el caso de los países mediterráneos se les
ofrece únicamente un modelo de integración hueco, sin contenido
sustantivo más allá de la creación de las condiciones
para que los mercados funcionen sin trabas, que la propia UE ha considerado
insuficiente para sí misma .
Otra de las posibles alternativas al modelo de la Asociación Euromediterránea
tal como se ha concretado en estos cinco años -insinuada por la
Comisión Europea en algunos de sus documentos más recientes-
sería la institucionalización del proceso de Barcelona,
constituyendo una estructura organizativa permanente que se encargara
de velar por el cumplimiento de los objetivos de los Acuerdos de Asociación,
la distribución de los fondos y la gestión de proyectos
comunes. Sin embargo, sin ser una propuesta descabellada, en la situación
actual esta institucionalización correría el riesgo de degenerar
en una burocratización estéril que dilapidaría unos
recursos escasos y fácilmente podría dar lugar a un reparto
entre los países socios del botín de privilegios y puestos
bien remunerados que estas estructuras internacionales ofrecen. Tal como
están las cosas, concentrar todos los esfuerzos en llevar realmente
a la práctica los objetivos e instrumentos propuestos en la Declaración
de Barcelona parece una vía mucho más prometedora.
Lo que parece más sensato, además de consumar la Asociación
Euromediterránea incorporando los elementos que se han señalado,
es renunciar a la ambición megalomaníaca de que la UE es
capaz de articular un gran proyecto de asociación con todo el Mediterráneo.
En su lugar, debería al menos plantearse la definición de
estrategias diferenciadas para las diversas subregiones mediterráneas,
cuando menos a nivel del Maghreb, por un lado, y el Maschrek y Oriente
Medio, por otro. A pesar de la homogeneidad cultural y de los problemas
de subdesarrollo comunes a todos los PSEM, los intereses estratégicos
comunes, el grado de integración con las economías europeas
y los problemas prioritarios son demasiado diferentes entre ambas zonas
como para poder amoldarse a un esquema uniforme, y proceder por partes
podría parecer menos ambicioso, pero seguramente resultaría
más eficaz, permitiendo eludir así el bloqueo en el que
el fracaso de las negociaciones de paz en Oriente Medio ha sumido a todo
el proyecto de Asociación e impulsar realmente procesos de integración
subregional horizontal. El paroxismo de esta estrategia de "meter
en el mismo saco" a todos los países de la región lo
constituye la propia inclusión de Israel en el proceso de Barcelona
por razones estrictamente geográficas, cuando se trata de un país
desarrollado cuya problemática económica nada tiene que
ver con la de sus vecinos árabes.
Sea como fuere, el proceso de Barcelona difícilmente alcanzará
ni remotamente sus objetivos mientras no se reoriente su contenido hacia
un verdadero proyecto de codesarrollo, entendido como un proceso de integración
económica y social entre dos áreas geográficas interdependientes
como son Europa y el Mediterráneo que genere sinergias y complementariedades
capaces de impulsar un desarrollo sostenible mutuamente inducido que dé
lugar a un mayor grado de convergencia en sus niveles de desarrollo.
*http://www.nodo50.org/csca/agenda2002/euromed2002/euromed.html
